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La reivindicación de los derechos de nuestro país sobre las Islas Malvinas, los archipiélagos del Atlántico Sur y las aguas territoriales argentinas, planteada por el presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, es indiscutiblemente legítima.
La soberanía territorial es un punto crítico, indelegable e irrenunciable en las relaciones internacionales. Por eso, es tarea de la diplomacia buscar todos los caminos pacíficos posibles para resolver los litigios. Y no se trata solamente de un derecho nominal. Desde su descubrimiento, en 1520, por la flota de Hernando de Magallanes, las Islas Malvinas fueron ganando importancia como punto estratégico para la navegación, el comercio y la colonización. Por eso, a pesar de pertenecer al Virreinato del Río de la Plata, fueron objeto de sumo interés para las potencias marítimas. Desde la ocupación inglesa en 1833, los sucesivos gobiernos no dejaron de reclamarlas formalmente. El intento de ocuparlas militarmente en 1982 fracasó, previsiblemente, por la escasez de recursos frente al poderío naval del Reino Unido.
El presidente Milei había adoptado hasta hace poco un discurso muy tolerante y amistoso con Gran Bretaña, incluyendo elogios para la ex primer ministra Margaret Tatcher. Todo cambió tras la eclosión del tema Malvinas durante el Mundial de fútbol.
Simultáneamente, Donald Trump abrió un escenario novedoso al afirmar que Estados Unidos está revisando su posición histórica respecto al archipiélago, sin precisar hasta ahora si esa revisión implicará un cambio concreto de política.
El vínculo entre Trump y el Reino Unido se resintió por la postura crítica de Londres a los bombardeos de Israel sobre Gaza y por su neutralidad en la guerra con Irán. A esto se sumó el desarrollo de la explotación petrolera Sea Lion, en territorio marítimo argentino, por las empresas israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El alineamiento de Milei con el primer ministro israelí Beniamin Netanyahu no alcanzó para encontrar una respuesta positiva sobre el conflictivo pozo. Habrá que ver cuáles son los efectos de las amenazas del gobierno con sanciones a potenciales inversores que quieran operar en las Malvinas.
Es importante, más allá de nuestro legítimo reclamo, tomar en cuenta el momento crítico que atraviesa la paz mundial. La ONU va a elegir un nuevo secretario general, al cumplirse los diez años de mandato de Antonio Guterres. El organismo fue creado en octubre de 1945, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial y a la sombra del peligro de un invierno nuclear. Una entidad multipolar que llevó adelante muchas acciones por los derechos básicos de los pueblos, aunque la decisión final siempre estuvo en manos de los gobiernos.
En la causa Malvinas, Naciones Unidas ha brindado a la Argentina un respaldo diplomático y jurídico fundamental: reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido e insta a ambas partes a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica. La debilidad de la ONU es evidente y su reforma resulta indispensable.
Al mismo tiempo, la estrategia internacional de Donald Trump somete a fuertes tensiones algunas de las alianzas históricas de Estados Unidos con sus socios occidentales. A eso se suma el conflicto latente entre las dos superpotencias, y las aspiraciones expansionistas del presidente ruso Vladimir Putin.
Pero para una potencia media como la Argentina, reemplazar las reglas multilaterales por una lógica internacional basada exclusivamente en relaciones de fuerza no necesariamente fortalece nuestra soberanía. En la causa Malvinas, precisamente, el derecho internacional y los ámbitos multilaterales constituyen herramientas que el país debe preservar. La defensa del interés nacional exige relaciones maduras con las grandes potencias, pero también autonomía, prudencia diplomática y una política exterior que trascienda las afinidades circunstanciales entre gobiernos.