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La Justicia de Estados Unidos autorizó al fondo de inversión Titan Consortium a iniciar el proceso de embargo de activos pertenecientes al Estado argentino en cualquier distrito de ese país, en el marco de una condena vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
La resolución fue firmada el viernes 25 de septiembre por la jueza Jia Cobb, de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, y habilita al fondo a buscar bienes ejecutables por un monto de US$390.907.155,55, calculado al 10 de diciembre de 2024, más los intereses que continúen acumulándose.
El origen del litigio se remonta a la estatización de la aerolínea de bandera realizada en 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) condenó a la Argentina a pagar US$321 millones, más costas e intereses.
Como el Ciadi no tiene facultades para ejecutar directamente sus laudos, Titan Consortium 1 LLC acudió en 2021 a la Justicia ordinaria estadounidense. El fondo había adquirido previamente los derechos económicos del caso a la compañía Burford Capital.
Durante el proceso, la defensa argentina argumentó que el reclamo había prescripto y planteó que debía aplicarse un plazo de tres años. Sin embargo, el tribunal rechazó esa posición y estableció que el período de prescripción para este tipo de reclamos es de 12 años.
La nueva resolución deja sin efecto los recursos presentados por la representación argentina para frenar la ejecución de la sentencia. De esta manera, Titan Consortium quedó habilitado para solicitar medidas precautorias sobre cuentas, propiedades u otros bienes estatales que puedan ser alcanzados por la ejecución en territorio estadounidense.
La Argentina aún no canceló la deuda derivada del laudo arbitral. Ahora se abre una nueva etapa judicial en la que el fondo deberá identificar activos susceptibles de embargo y presentar los pedidos correspondientes ante los tribunales estadounidenses.
El alcance concreto de las medidas dependerá de los bienes que puedan ser localizados y de las decisiones que adopte la Justicia durante el proceso de ejecución. Para el Estado argentino, la instancia supone un nuevo desafío para resguardar sus activos y recursos ubicados en Estados Unidos.