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La oposición abrió dos frentes en el Congreso para intentar revertir la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Mientras Unión por la Patria prepara una sesión especial en Diputados para rechazar el DNU 70/23, el bloque justicialista del Senado presentó un proyecto específico para dejar sin efecto el artículo 154 del decreto y restituir la Ley 26.737.
El movimiento parlamentario se aceleró luego del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en torno al artículo 154 del DNU. Ese artículo dispuso la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites y condiciones para la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
En Diputados, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó que solicitará una sesión especial para tratar el rechazo del DNU 70/23 en su totalidad. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero continuó vigente al no haber sido rechazado también por Diputados.
La estrategia opositora apunta ahora a reunir el quórum necesario en la Cámara baja. Unión por la Patria cuenta con 92 diputados y buscará sumar a legisladores de la izquierda, la Coalición Cívica, espacios provinciales, monobloques y sectores de Provincias Unidas. "Tenemos dos balas y no diez y tenemos que estar seguros de tener quórum y los votos para derogar el DNU", señaló un diputado opositor citado por Noticias Argentinas.
A ese planteo se sumó el senador radical Martín Lousteau, quien respaldó la posibilidad de que Diputados trate nuevamente el decreto y recordó que ya había votado en contra en el Senado.
En el Senado
Pero la ofensiva opositora no se limita al rechazo integral del DNU. En el Senado, el bloque justicialista presentó además un proyecto para derogar específicamente el artículo 154 y restituir la Ley de Tierras.
La iniciativa fue presentada por Juliana Di Tullio junto con el presidente del bloque del PJ, José Mayans, y Fernando Salino, titular de Justicia Federal Social.
En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que la tierra constituye un recurso estratégico ligado al desarrollo productivo y a la soberanía, y cuestionaron que la eliminación de las restricciones pueda facilitar operaciones sobre tierras agrícolas, zonas fronterizas o áreas vinculadas con fuentes de agua dulce.
De esta manera, la oposición busca avanzar por dos caminos: conseguir que Diputados rechace el DNU 70/23 completo o, en caso de no reunir los votos necesarios, impulsar una ley que restablezca específicamente las restricciones previstas por la Ley 26.737.
Frente a esa ofensiva, el oficialismo comenzó a analizar alternativas parlamentarias para mantener vigente el esquema introducido por el DNU. Entre las posibilidades mencionadas por fuentes legislativas aparece la incorporación de cambios a otros proyectos en tratamiento o la presentación de una nueva iniciativa junto con bloques aliados.
Rechazo de la CGT
La CGT se manifestó en contra del fallo de la Corte Suprema, que deja vigente la derogación de la Ley de Tierras, y advirtió que "la tierra argentina no es una mercancía".
La central obrera comandada por el triunivirato de Cristian Jerónimo, José Sola y Octavio Argüello aseguró que el dictamen impacta "en contra de la soberanía y la voluntad popular" de los ciudadanos.
"Repudiamos el fallo de la Corte Suprema que deja vigente la derogación de la Ley de Tierras y vuelve a abrir la puerta a la extranjerización de nuestro territorio. La tierra argentina no es una mercancía: es patrimonio de nuestro pueblo y parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo y soberanía", expresaron.
Marchas de reclamo y resistencia
Organizaciones políticas, sindicales y sociales se manifestarán en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras: una de las convocatorias, impulsada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), otra por parte de Pueblo Unido Autoconvocado (PUA) y se espera una marcha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La primera será este viernes 2 a las 17 donde el FIT, junto a organizaciones sociales, se concentrarán en Parque Lezama. Y el lunes la agrupación PUA se movilizará desde el Congreso de la Nación hasta la puerta de Tribunales.
La movida del oficialismo
La decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras obligó al Gobierno nacional a revisar su estrategia parlamentaria. El máximo tribunal revocó el fallo que había frenado la derogación de esa norma y, en la práctica, volvió a dejar operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El pronunciamiento judicial tuvo una consecuencia política inmediata: distintos bloques opositores comenzaron a coordinarse para llevar al recinto de Diputados el rechazo del DNU 70 en su totalidad. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero hasta ahora la oposición no había logrado reunir los apoyos necesarios en la Cámara baja.
Frente a ese escenario, en el Gobierno comenzaron a evaluar una salida para separar la discusión por las tierras del debate sobre la continuidad del megadecreto. Una de las alternativas es incorporar nuevamente un capítulo referido a la compra de tierras rurales por extranjeros dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado y se encuentra en Diputados.