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El juez federal Julián Ercolini dispuso ayer el levantamiento del secreto bancario y fiscal de María Soledad Calle, sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) e integrante de La Cámpora. La medida judicial busca reconstruir el patrimonio de la dirigente tras la adquisición de una propiedad ubicada en el primer piso del edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, justo debajo del departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La investigación abarca los movimientos de fondos y bienes de Calle, del titular de la UOM, Abel Furlán, de la propia entidad sindical y de la firma USEM S.A. En este marco, Ercolini requirió a la ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Calle y Furlán entre 2022 y 2025. El foco está puesto en la actividad de USEM S.A., sociedad fundada en diciembre de 2022 por Calle y Raúl Braconi, la cual firmó en febrero de 2023 un contrato de locación de servicios con el gremio para administrar sus cuentas bancarias a cambio de una comisión mensual del 0,5% sobre los ingresos fiduciarios del sindicato.
Además, el magistrado solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble el informe dominial del departamento en cuestión y datos sobre vehículos de alta gama vinculados al patrimonio de la dirigente un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive, así como la eventual titularidad de embarcaciones.
Las medidas de prueba se completan con pedidos de informes a la ANSES sobre la historia laboral de los implicados y la exigencia a la Secretaría de Trabajo para que presente los estados contables de la UOM de los últimos 5 años.