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La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó ayer el apartamiento de un grupo de inversores de la memecoin $LIBRA que pretendían actuar como querellantes en la causa que investiga una presunta estafa vinculada a la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei.
Con esta resolución, los magistrados respaldaron el criterio adoptado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y le revocaron de manera definitiva el rol de parte querellante a los afectados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, en respuesta a una solicitud presentada por la defensa del criptolobbista Mauricio Novelli.
En su fallo, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi remarcaron que la operatoria comercial se desenvolvió dentro de un mercado caracterizado por la volatilidad, la falta de regulación financiera y una elevada exposición al riesgo, factores que resultaban plenamente conocidos por los participantes al momento de operar. "Quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido", enfatizaron los jueces en la resolución.
Asimismo, el tribunal sostuvo que la utilización de tecnología blockchain -que registra las transacciones de forma pública e inmutable- debilita la efectividad de alegar un engaño o ardid.
Hipótesis diluida
Por otra parte, la resolución señaló que la hipótesis sobre un presunto plan organizado desde altas esferas gubernamentales junto a un grupo de desarrolladores cripto se encuentra "diluida". Según el fallo, los denunciantes se limitaron a describir los hechos sin lograr demostrar una falsedad concreta que los hubiera determinado a adquirir el activo, ni la existencia de un nexo causal con el daño económico.
Esta postura judicial valida la línea argumental expresada desde un comienzo por la Casa Rosada, que calificó las operaciones como inversiones de riesgo asumidas por particulares.
Un severo retroceso
El fallo se conoció un día después de la jura de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar el tribunal. La medida representa un severo retroceso para el avance de la causa, dado que las querellas impulsaban las principales medidas de prueba, especialmente tras la disolución de la Comisión Investigadora del Congreso.
A partir de ahora, la investigación sobre el criptoescándalo quedará exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras procesales en la causa. Frente a esta resolución, los abogados de los inversores excluidos adelantaron que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar revertir el fallo.