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El histórico reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas cobró un renovado impulso en la agenda del Gobierno. El presidente Javier Milei ubicó al archipiélago en el centro del escenario político luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, abriera la puerta a revisar la histórica postura de neutralidad de Washington en la disputa, y en momentos en que avanza un controvertido proyecto petrolero británico-israelí al norte de las islas. Frente a este panorama, el jefe de Estado anunció este jueves un paquete de medidas que incluye la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un proyecto para endurecer las sanciones a empresas operadoras sin aval oficial.
Con marcada celeridad, la Cancillería argentina dispuso ayer, a través de la Oficina del Presidente de la República (OPRA), el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por violar la Ley 26.659, que prohíbe las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización estatal. La medida alcanza a las compañías extractivas, a sus accionistas, directivos y a la red de proveedores logísticos, financieros, técnicos y de consultoría. Para dotar de eficacia al proceso, el Ejecutivo publicó un decreto que obliga a los organismos públicos a reportar de inmediato cualquier irregularidad en la zona y veta a las empresas involucradas a participar del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), previendo inhabilitaciones de entre 5 y 20 años.
Esta ofensiva jurídica y administrativa tiene como blanco principal al proyecto Sea Lion, situado a 220 kilómetros al norte de las islas y operado por la israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration, firmas inhabilitadas por el país en 2022 y 2013. La nómina sancionatoria incluye además a la británica Borders & Southern y a la canadiense JHI. Desde la Casa Rosada justificaron la decisión como un acto indispensable en defensa de los recursos naturales y anticiparon que enviarán iniciativas al Congreso para endurecer las penas e implementar juicios en ausencia contra los infractores.
Minimizaron el impacto
Ante el despliegue del Gobierno nacional, las empresas petroleras reaccionaron restándole impacto a las advertencias. En un comunicado conjunto, Rockhopper y Navitas afirmaron que los anuncios no tendrán efectos materiales en las operaciones de Sea Lion ni alterarán el cronograma de extracción de crudo. Las compañías respaldaron la validez de las licencias otorgadas por el gobierno local de Malvinas, destacando el apoyo total del Gobierno británico y confirmando que continuarán con las etapas previstas.
Reacción de Londres y de los kelpers
El Gobierno británico reafirmó de manera categórica su soberanía sobre las Malvinas y confirmó que sus FFAA permanecen en alerta máxima permanente para proteger el territorio. La postura oficial fue expresada por un vocero del primer ministro Andy Burnham en respuesta al reciente discurso del presidente Javier Milei, quien calificó la reclamación sobre el archipiélago como la "causa más sagrada" del país.
Desde Londres recalcaron que la permanencia británica se mantendrá mientras los isleños así lo deseen, respaldándose en el referéndum de 2013, donde el 99,8% votó a favor de seguir siendo un territorio de ultramar. En la misma línea, los ministros de Defensa y Cancillería británicos calificaron el compromiso del Reino Unido como absoluto e inamovible, señalando que los dichos de Milei responden a dinámicas de política interna.
Por su parte, Jack Ford, titular de la Asamblea Legislativa de las islas, le restó importancia a las declaraciones y a las posibles sanciones a empresas, asegurando que los habitantes están acostumbrados a este tipo de retórica y continuarán operando con normalidad.