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El de la inseguridad sigue siendo un tema casi hegemónico en el país y en nuestra provincia. Lo dicen todas las encuestas y lo corrobora cualquier mirada sobre la realidad. El debilitamiento de las instituciones encargadas de la seguridad, el afianzamiento del narcotráfico y la consolidación de la ilegalidad son fenómenos nacionales que repercuten en la provincia.
El impacto que causó la disolución de la División de Inteligencia Criminal en Tartagal, a pocos días del triple crimen de Acambuco, muestra los puntos hipersensibles de la epidermis salteña. La versión de que se había cerrado la unidad policial porque alguno de sus miembros habría participado de la emboscada criminal no fue una ocurrencia, sino que surgió del seno de la misma Policía de Salta y se expandió como reguero de pólvora entre la ciudadanía. Ayer fue desmentido. Si las autoridades responsables de la decisión percibieran lo mismo que la gente común, preocupada por la proliferación de “mulas” en la frontera y de consumo de paco en todas partes, hubieran tomado la precaución de informar con claridad las razones de la clausura antes de que cundieran las dudas.
Frontera desprotegida
Nadie se explica por qué retiraron de Salvador Mazza al Escuadrón 54 de Gendarmería, al mismo tiempo que se reconoce el aumento de la narcocriminalidad, la trata de personas y el contrabando en la región. Así también, en Rosario de la Frontera, un policía jujeño dedicado al comercio ilegal denuncia por piratería a cuatro gendarmes, mientras que en la ciudad de Salta se multiplican los casos de policías involucrados en abuso de poder o de violencia familiar. En ese contexto, en los barrios de las ciudades salteñas surgen en simultáneo la preocupación por el auge de la droga y la falta de policías en las calles.
Si la inseguridad es solo una sensación, como se dice, se trata de una sensación suficientemente generalizada como para que las autoridades escuchen más y se comuniquen mejor con la ciudadanía. La inseguridad es hoy en Salta un problema político y social.
El ícono de La Salada
En primer lugar, la contradicción entre el celo de la AFIP por perseguir a las empresas legalmente constituidas y la aceptación tácita del comercio ilegal, que incluye giras por el exterior con los líderes de La Salada, golpea directamente a nuestra provincia. Desde Salvador Mazza, La Quiaca y Aguas Blancas hasta el Río de la Plata se extiende un corredor por donde circula la economía al margen de la ley: narcotráfico, evasión, trabajo esclavo y contrabando son los pilares de una descomposición de la actividad económica que va de la mano con el aumento de la criminalidad. Si Buenos Aires está lejos de alcanzar los índices delictivos de Caracas, Salvador Mazza se parece cada vez más a Ciudad Juárez.
Estos acontecimientos dominan la inquietud de la ciudadanía, pero las autoridades, en general, parecen actuar a la defensiva.
Con motivo de la conmemoración del acto fundacional del peronismo, el 17 de octubre, proliferaron en Salta las alocuciones acerca de la esencia de este movimiento, aunque ningún análisis fue más allá de lo epidérmico. Es simpático hablar de figuras hoy indiscutidas, como la de Eva Perón, apelando a su sensibilidad social, pero es más complejo analizar las diferencias entre la Argentina de posguerra, donde la clave eran los derechos laborales, con la de estos días, donde el desafío está en la inversión, el empleo genuino y la educación pública, es decir en la inclusión social.
La resignación del desarrollo
En Salta y en el NOA esos problemas se ven agudizados al extremo, aunque este dato no figure en la agenda de la decisión política. El Fondo de Reparación Histórica es un ejemplo: en lugar de aprovechar ese caudal de recursos en inversiones de infraestructura, se los aplica para obras urbanas, importantes, pero que podrían financiarse con el presupuesto corriente. Los títulos emitidos, por valor de 220 millones de dólares, en un país institucionalmente sólido y sin desdoblamiento del mercado cambiario equivaldrían a 1.400 millones de pesos, y no 790 millones como los que se están invirtiendo, y podrían ser destinados a trabajos estratégicos para el desarrollo agroindustrial.
Sin embargo, todo esto parece pertenecer a otra agenda, ya que se mantiene el régimen de ordenamiento territorial destinado a frenar la inversión rural.
Y otro detalle: el acuerdo con Chile para que el ferrocarril trasandino ingrese a Salta para exportar mineral deja en evidencia dos cosas: que la salida al Pacífico es una posibilidad tangible y que la reactivación del Belgrano Cargas es una quimera. Nuestro tren no funciona ni hay perspectivas de que eso ocurra. En ambos casos se trata de una decisión política, aunque en Salta nos engolosinemos con la fantasía del tren urbano.