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No serán los medios de comunicación críticos ni los gremios combativos. Tampoco los grupos económicos, la crisis internacional ni la híbrida oposición: el principal escollo del kirchnerismo para plasmar sus iniciativas clave hasta 2015 estará en la justicia, esta semana quedó clarísimo.
Pese a que su discurso trate de instalar otros adversarios menos poderosos, el Gobierno conoce esa realidad a la perfección y por eso está buscando todas las alternativas posibles para minimizar el impacto de esa situación.
La sanción de leyes como el per saltum es una forma concreta, pero no la única. También la presión pública hacia los magistrados: esta última opción parece estar predominando ahora en la mente de los pocos miembros que integran la cúpula del poder. De todos modos, esa estrategia oficial ya tuvo sus réditos en la causa Ciccone, cuando el Gobierno logró sacarse del medio de un plumazo al procurador general de la Nación Esteban Righi, al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo. ¿Servirá ahora? El contexto parece haber cambiado desde entonces. Los tribunales son uno de los pocos estamentos del Estado que el poder político -no solo este Gobierno sino también los anteriores- no logró copar casi totalmente.
El kirchnerismo consiguió eso con el Congreso, la mayoría de las gobernaciones e intendencias y también con las legislaturas provinciales. Algo similar ocurre en el Consejo de la Magistratura -pese a que no llegue a los dos tercios- y con el AFSCA, órgano que debe velar por el cumplimiento de la trabada ley de medios. La justicia, aún, está mayoritariamente ajena a esa ofensiva.
Por supuesto que hay jueces favorables al oficialismo, el caso de Norberto Oyarbide es paradigmático, pero eso está muy lejos de darse en todos los juzgados. Los duros dichos de Ricardo Lorenzetti, cuando dijo que no cederán a las presiones, reflejan que en el máximo tribunal habrá resistencia a las avanzadas del poder. Eso tampoco es una novedad: fue esta Corte la que ordenó pagar el 82% móvil a un jubilado, le pidió informes a la Anses sobre el manejo de fondos y también la que decidió restituir al exfiscal de Santa Cruz en su cargo, echado torpemente durante la gobernación de Néstor Kirchner.
La independencia del máximo tribunal -elegido por el kirchnerismo para reemplazar a la grotesca Corte menemista- se combinó con reveses en juzgados más bajos, donde el Gobierno tiene sus mayores dificultades. Ejemplos hubo de sobra los últimos días, tanto en causas con tinte político como económico.
Quizás el de mayor impacto haya sido el fallo del juez Claudio Bonadío, quien procesó anteayer a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once. ¿En qué afecta eso al Gobierno si ninguno de esos funcionarios sigue en la gestión? En mucho, ya que la resolución fue un implícito reconocimiento de la responsabilidad que el Estado quiso negar cuando buscó ser querellante en la causa. No hay dudas de que el Gobierno acusó el golpe, ya que su estrategia había sido culpar a la desinversión en los trenes durante la década menemista. El discurso se cayó con un soplido: los dos funcionarios procesados pertenecen a esta gestión y no a la del riojano.
En materia económica también hubo movimientos. El fallo de un juez que autorizó a una persona a saltar el cepo cambiario dejó mal parada a la Afip. Presentaciones como esas abundan en casi todos los tribunales de la Argentina y podrían poner en riesgo las restricciones para conseguir dólares.
El 7D
Enfrascado en su cruzada contra el grupo Clarín, el Gobierno involucró públicamente a la Corte Suprema en esa disputa poniéndola en un incómodo lugar. ¿Tan convencida está la Casa Rosada que el máximo tribunal fallaría a su favor si agarra la causa? Para nada, lo que buscó es condicionar eventuales reveses en juzgados más bajos que estiren la resolución del tema mucho más allá del publicitado 7 de diciembre.
Esa fecha es presentada como una especie de antes y después en la vida democrática de la Argentina. ¿Es realmente así? El asunto tiene una relevancia importante, eso nadie puede desconocerlo, pero no tan trascendente como se lo quiere presentar.
La Corte ya dejó trascender que no intervendrá en el nombramiento de magistrados y que no ve con buenos ojos la aplicación de un per saltum. De ocurrir, el tribunal deberá sacarle el caso a sus jueces naturales, restándoles así una cuota de poder inocultable.
Es evidente que una mayor participación de la Corte en la resolución de las causas traerá indefectibles roces con los magistrados de base. Para un juez que acaba de reasumir en la conducción del máximo tribunal, como Lorenzetti, eso le traería muchos más dolores de cabeza que alivios.