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No había que ser vidente para saber lo que iba a pasar. En junio levantaron por la fuerza 200 postes, pero la Justicia no había encontrado delito y archivó la causa. Semanas después, los mismos aborígenes que habían atacado en banda las instalaciones de un puesto criollo volvieron a quemar alambrados en dos parajes, que desde su punto de vista no cumplen con los requisitos que se exigen a quienes solicitan la tenencia de tierras en los lotes fiscales 14 y 55 de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia. Es que lo que no está prohibido está permitido.
En realidad el hecho se encuadra perfectamente en los delitos que tipifica el Código Penal en sus artículos 183 y 184, que sancionan al que dañare algo total o parcialmente ajeno con prisión de quince días a un año, aunque aumenta la pena de tres meses a cuatro años de prisión si el delito fue “en despoblado y en banda”. Eso fue exactamente lo que paso en junio pasado con el alambrado de la puestera criolla Ana Virginia Aylán, de 80 años, en el Puesto Nuevo, en Santa María. Cerca de 30 personas arrasaron y quemaron las instalaciones nuevas de la anciana nacida en el lugar. Pero la Fiscalía Correccional N§ 2 de Tartagal, que dirige Gonzalo Ariel Vega, archivó la causa “por no constituir delito”.
“Si no hay delito entonces quiere decir que autorizan a que sigan quemando los alambrados. Está muy mal, porque la amenaza de levantar los alambrados sigue en pie”, había advertido el dirigente criollo Lucio Rojas. La profecía se cumplió cerca de las 10 de la mañana del lunes 24 de septiembre en lo de Fernando Soria, a menos de cinco kilómetros del paraje Rancho El Ñato, famoso por dar a luz al cantor popular Oscar “El Chaqueño” Palavecino. Además, ayer en el puesto Bajo Grande, tierra que reclama José Albornoz, habrían levantado más de dos kilómetros de alambrado, según pudo averiguar El Tribuno.
“Nosotros fuimos a quemar los postes que quería levantar Soria por pedido de las comunidades de Rancho El Ñato, Pozo La China y Pozo El Toro, porque es su territorio de ocupación ancestral”, reconoció Rogelio Segundo, contador Lakha Honhat y cabeza visible de los que tienen la postura más radical sobre el conflicto por las tierras más grande del país en los lotes fiscales 14 y 55. El Tribuno lo encontró sobre la ruta provincial 54, cerca de Santa María. Esperaba el auxilio de su hermano bajo la sombra de un frondoso algarrobo porque había pinchado una goma de su motocicleta.
Para Rogelio Segundo, Soria no tiene permiso de ocupación porque vive en el pueblo de Santa Victoria. “Se instaló hace cinco años nomás. No tiene derechos para estar. Habrá sido de la zona alguna familia, pero él no vive ahí”, explicó. Además, el dirigente aborigen de La Curvita, que intentará asumir la coordinación de la organización que dirige desde su creación Francisco Pérez en las elecciones dentro de unas semanas, responsabilizó al Gobierno por el accionar que eligieron, principalmente a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encargada de llevar adelante el proceso. “Tratamos de no llegar a este conflicto, pero el Gobierno no le da importancia y entonces las comunidades mismas tenemos que hacer justicia”, afirmó.
Pero Fernando Soria, de 31 años y padre de una chiquito de ocho con Síndrome de Down, piensa que está en todo su derecho. Dice que para instalarse en las tierras que ocupaba su abuelo contó con el apoyo de los vecinos aborígenes y criollos de la zona. Acusa a Rogelio Segundo de ser “de otro lugar” y no respetar la opinión de los que “verdaderamente viven en Rancho El Ñato”.
“Acá todos somos familia. La madre de mi hijo es del Rancho El Ñato. Acá lo que más vale es la decisión de los vecinos. El cacique Raúl Pérez es el que me da permiso y piensa que Rogelio Segundo no respeta su autoridad al venir acá de prepo. Los paisanos (por los aborígenes) del lugar ni sabían que iba a venir y se enteraron después de la quema de los postes”, agregó el criollo.
“La UEP dijo que se iban a respetar los acuerdos entre vecinos y eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero el Gobierno no se llega nunca a certificar la voluntad de los que vivimos acá. Yo tengo un acta de acuerdo entre los vecinos criollos y aborígenes. Tendrían que verificar la palabra de los oriundos del lugar, porque la gente que es de afuera va a conseguir que nos terminemos peleando entre nosotros.