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Periodista de profesión originaria, Norma Morandini, senadora nacional por el Frente Amplio Progresista, brindó su punto de vista sobre la actualidad de la ley de medios y el promocionado 7 de diciembre. En diálogo con El Tribuno, la legisladora afirmó que la situación que se abrió sobre el narcotráfico en Santa Fe tiene algo de “operación política” en contra de su espacio político y el exgobernador Hermes Binner.
¿La discusión por la puesta en marcha de la ley de medios se ha polarizado entre el Gobierno y Clarín?
En primer lugar es preciso destacar que cada grupo defiende sus propios intereses, se defienden solos. Otra cosa es cuando uno defiende valores y derechos que es lo que vengo haciendo como periodista desde hace muchos años. Tenemos que entender de una vez por todas, de manera democrática, que la prensa es un valor fundamental de un sistema democrático. La libertad de expresión está ampliamente consagrada por todos los tratados internacionales de derechos humanos y por nuestra Constitución. Pero ahora hay un valor que trasciende al derecho de la libertad de expresión que es el derecho de las sociedades a ser informadas. La información es un derecho, no una mercancía ni tampoco propaganda.
Hoy hay una idea de tutela. Desde el poder del Estado se le dice a la población quien le miente y quien no. No, a la ciudadanía hay que garantizarle el derecho a la información.
¿A groso modo por donde pasan hoy las deficiencias de la ley de medios?
Lo que proponía esta ley era democratizar el acceso a las licencias, desmonopolizar y sobre todo que tengamos una información transparente y podamos relacionar quienes son los dueños. Nada de eso se cumplió. No se garantizó. Se han otorgado licencias sin concursos públicos, se otorgaron licencias a personas que no podrían tener licencias. Caso de Telefónica que cumple con un servicio público.
La ley es clara. No se puede tener un medio y ser proveedor de servicio publico.
En el sistema digital también hubo deficiencias...
En el caso del sistema digital, con el pretexto de que es experimental no se hicieron concursos. Ahora, yo quisiera sacar el debate un poco en el que estamos entrampados, que nos lleva el Gobierno como si acá hubiera una disputa de dos grupos cuando en realidad una ley está subordinada a la decisión de la Justicia lo que nos demuestra que hemos trabajado mal la ley. Por eso la necesidad del consenso. Nos permite que una ley de semejante trascendencia pueda cambiar una ley de la dictadura por una de la democracia. Teníamos que trabajar todos.
En este marco es que el Gobierno promocionó el “7D”¿Va a cambiar algo?
No. El Poder Ejecutivo puede por decreto o por decisiones decir voy a hacer esto. Pero, ¿qué va a pasar el 7 de diciembre? Esto se tiene que resolver en la Justicia. Todos los argentinos tienen derecho de ir a la Justicia si sienten que tienen un derecho vulnerado. Es la Justicia la que tiene que determinar si una ley es constitucional o inconstitucional siguiendo todos los procesos que requiera. La Justicia es lenta, y no tiene la rapidez que tiene el Ejecutivo.
El “7D” termina una cautelar. Y ahí es donde se inscribe el per saltum. En el fondo lo que se quiere decir, con tratamiento express y pasar un proyecto por la ventana es que se buscará saltear las instancias de la Justicia.
¿La situación irregular solo es del Grupo Clarín?
Sucede también que están en una situación irregular otra cantidad de medios que también tendrían que tener presentados su plan de desinversión para adaptarse a la ley.
Después hay una cantidad de cuestiones que se puso como imperativo del “7D” pero no puede pasar nada. Qué va a pasar con lo que no se ajusta. se van a concursar. sortear, se la va quedar el Estado. Hay una cantidad de respuestas que tiene que dar la Autoridad de Aplicación que me parece que lo peor que nos puede pasar es el imperativo que se puso como si el “7D” va a haber una catástrofe o va a dejar de haber. No es como se tramitan las leyes que terminan en la Justicia.
Una ley de semejante magnitud tendría que haber tenido un tratamiento auténticamente plural en su sanción para evitar después que un artículo lo tenga que resolver la Justicia.
En medio de esta iniciativa oficialista intenta colarse en la agenda el “8N” donde se repetirían los cacerolazos a lo largo del país...
Nuestra Constitución garantiza el derecho a expresarse a manifestarse. Es un derecho que tiene la ciudadanía. El único limite es la responsabilidad. Tiene derecho a reclamar para que el Gobierno no utilice el poder del Estado para llenar de miedo de amenaza, cuando en realidad tenemos que construir cultura democrática. Saber que pensar distinto no es un delito. Es cierto que el Gobierno fuera elegido por las urnas pero el ejercicio del poder tiene que ser democrático. Tener 54% no habilita a que el ejercicio del poder no sea democrático. Utilizar los medios para propaganda de gobierno. Pareciera ser que solo el Gobierno puede hacer marchas para apoyar sus propias medidas. Yo digo que es preferible la indignación a tiempo para evitar lo que ha pasado siempre que es enfurecerse a posteriori.
Como integrante del FAP, puede repercutir en su fuerza el escándalo del narcotráfico que se dio a conocer en Santa Fe?
Lo primero que es válido destacar es que el problema del narcotráfico es un problema de todo el país. Que lo mismo que hacemos con la pobreza no podemos hacer política partidaria, electoral ni con un tema ni con el otro. Tenemos que abocarnos todos sin preguntarnos de que color político para los temas más serios que tiene el país para el tema de la inseguridad que está vinculado al narcotráfico y a la pobreza. Todo indica que lo que pasó según la información que dio el exgobernador Binner y maneja el FAP es que también hay algo de operación política. Lo que no puede pasar es que se haga política baja, miserable electoralista con los que son los temas más serios y de mayor dificultad. Es atizar al fuego. Me manifiesto solidaria al Gobernador Bonfatti y apelo a la responsabilidad para el tratamiento de estos temas.