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El concejal Raúl Romeo Medina denunció que está siendo objeto de una “persecución política” y denunció al procurador general Pablo López Viñals como responsable de la maniobra.
“La Brigada de Investigaciones me notificó que se ha iniciado una investigación judicial en mi contra, por mi actuación en la firma de un contrato de comodato con la empresa Finca La Represa Avión Sur, mediante el cual la Provincia cedió un predio con cargo a la construcción de instalaciones que, luego de cumplido el plazo, pasarán a propiedad del Estado”.
Medina se desempeñó como secretario general de la Gobernación durante el gobierno de Juan Carlos Romero. “Supongo que en dicha investigación pretenderán imputar también al senador Mashur Lapad, entonces a cargo de la gobernación, quien suscribió ese comodato, al doctor Romero y a integrantes de la empresa”, agregó Medina.
El concejal aseveró que “el tema ha sido ampliamente explicado, incluso por el mismo senador Romero, pero nada alcanza cuando hay una intencionalidad política manifiesta”. La empresa comodataria construyó allí instalaciones de alta tecnología que pasarán a ser de la Provincia al cumplirse los veinte años del contrato. Medina explicó que “si una empresa tiene actividad aeronáutica desde la década del '70, no puede hacer otra cosa que pedir al Estado autorización para instalarse en el aeropuerto, que es el único lugar posible donde puede tener una aeronave”. Precisó, además, que “todo ha sido hecho conforme a derecho y dentro de las normas legales establecidas en igualdad de condiciones con las otras empresas instaladas allí, como Minera del Altiplano, Andes y como lo fue en otra época Seal Líneas Aéreas”. “Nunca el Estado le negó ese derecho a ninguna empresa aeronáutica”, enfatizó.
En declaraciones a El Tribuno, Medina sostuvo que le “parece justo y legítimo que se investigue todo lo que haya que investigar”, pero afirmó que en este caso “lo que se ha montado es una verdadera provocación política”.
La maniobra
El ex secretario general de la Gobernación indicó que “han armado un mecanismo antijurídico, por el cual un diputado hace declaraciones; esas afirmaciones son tomadas por algún medio de prensa y esta información, transformada en una supuesta "notitia-criminis', es tomada por la Fiscalía para impulsar una supuesta investigación que, en realidad, no pretende llegar a la verdad, sino perseguir y enlodar a las personas, confundiendo a la opinión pública, con clara intencionalidad política”.
Medina dijo también que “esta provocación es comandada a distancia por el procurador López Viñals, la misma persona que ha incurrido reiteradamente en prevaricato, archivando en pocas horas y sin investigar las fundadas denuncias que se hicieron por la compra de ómnibus de Saeta a la empresa de los hermanos Cirigliano, imputados por la tragedia de Once, por citar solo un caso; o que incurre en abuso de autoridad, sacando resoluciones como la 133, donde pretendió armar un servicio de inteligencia clandestino en la provincia, en clara violación de la ley nacional en la materia. O que impulsa el nombramiento como fiscal de la exdirectora del CIF Gabriela Buabse, persona de su estrecha confianza y severamente cuestionada por el informe que suscribió, caracterizando a una menor de edad víctima de abuso sexual, como "una niña que tiene un cuerpo desarrollado, que puede ser objeto de deseo'. Y que, para colmo, sin excusarse, participa en el Concurso del Consejo de la Magistratura que la nominó”, acotó el concejal.
Un show mediático
Medina afirmó que, “si se demuestra, como yo lo creo, que el contrato es legítimo, y a pesar de ello se inicia una investigación penal para verificar la posible comisión de un delito de acción pública, esta conducta de la Fiscalía estaría encuadrada en lo que determina el artículo 248 del Código Penal, que es la figura de abuso de autoridad, en la que López Viñals cree que puede incurrir sin consecuencia alguna”. Medina agregó que “seguramente montarán otro show mediático con el único fin de desprestigiar al doctor Romero y a quienes pensamos distinto del actual Gobierno.
Un fiscal está obligado a pedir la investigación de todo delito de acción pública del que tenga conocimiento, aún de oficio”, dijo el concejal, “pero no puede tomar como premisa que es delito todo lo que llega a sus manos, si está relacionado a determinadas personas las que políticamente quiere perjudicar. Yo afirmo y me responsabilizo por lo que digo”, siguió Medina, “que todo lo relacionado al contrato de concesión del predio en el aeropuerto Salta es lícito y que, por lo tanto, pretender manipular a la opinión pública con supuestos argumentos jurídicos y verdaderos propósitos políticos, es ir contra lo que manda la ley y contra los derechos y garantías consagrados constitucionalmente”.
Finalmente, Medina adelantó que realizará las denuncias correspondientes y no descartó la posibilidad de solicitar un juicio político contra el actual procurador General.