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“Se dijo que ponerle límites temporales impedía el desarrollo de la carrera, necesaria para el sistema judicial”.
“Si no es persona de fortuna, un particular, una empresa, un partido, deberán solventar los gastos de campaña”.
Los jueces de Salta antes se designaban solo por seis años, vencido ese plazo se requería un nuevo nombramiento. En 1986 la reforma constitucional, novedosamente, dispuso la inamovilidad de los magistrados “mientras dure su buena conducta”. Se dijo entonces que ponerle límites temporales impedía el desarrollo de la carrera, necesaria para cualquier sistema judicial, y resentía la labor porque el magistrado, a medida que se acercara la fecha de cese, viviría conflictuado por lo que el Poder Ejecutivo decidiera o lo que el Senado considerara. De ese progreso quedaron excluidos, inexplicablemente, fiscales y defensores oficiales, que continuaron con el régimen de los seis años. La reforma de 1998 lo corrigió y obtuvieron igual inamovilidad que los jueces. Hoy, solo los integrantes de la Corte de Justicia provincial son nombrados por seis años.
El gran avance de la reforma de 1998 fue la creación del Consejo de la Magistratura como órgano de selección para cubrir toda vacante que hubiese en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. La idea era y sigue siendo que solo los mejores fueran seleccionados mediante un procedimiento obligatorio. Para evitar una politización excesiva, como ya ocurría en la Nación, se creó un Consejo de solo nueve miembros. La Cámara de Diputados y los abogados matriculados designan tres consejeros cada uno, con representación de las minorías, y la Justicia los tres restantes. Como el Ejecutivo ya intervendría al elegir un candidato de las ternas, los constituyentes dispusieron que no tuviese representantes en el Consejo. Tampoco otorgó representantes a la Cámara de Senadores, razonando que ésta tiene la llave maestra de los nombramientos porque sin acuerdo el candidato elegido por el Poder Ejecutivo no puede acceder al cargo. El rechazo senatorial a las propuestas de la Presidenta para la Procuración General de la Nación y para el Juzgado Federal de Salta son recientes ejemplos de la importancia que en este proceso tiene la Cámara Alta, que impidió las designaciones solicitadas por la presidenta Cristina de Kirchner, al no otorgarle acuerdo a los candidatos.
El procedimiento de selección descripto indica que resulta desaconsejable actuar con apresuramiento respecto de la idea de “democratizar el Poder Judicial”, que la Presidenta ha lanzado al ruedo en el marco de su constante enfrentamiento con el Poder Judicial de la Nación. Hoy los jueces son elegidos por el pueblo, aunque este hecho no pueda verse claramente por tratarse de una elección indirecta, similar a las elecciones presidenciales habidas hasta 1994: el ciudadano votaba a un elector y posteriormente todos los electores reunidos elegían un presidente.
En el caso de los jueces de Salta y de la Nación ocurre lo mismo: el pueblo vota a sus representantes y a su gobernador o presidente. Estos, en su momento, eligen a los futuros jueces y fiscales a través de un proceso que en Salta comienza cuando el Consejo de la Magistratura, que tiene tres representantes de la Cámara de Diputados, selecciona a tres, entre todos los candidatos que se presentaron para un cargo vacante. En el paso siguiente, el titular del Poder Ejecutivo, que ejerce el cargo por el voto popular, escoge a quien considera el mejor de los tres candidatos y solicita a la Cámara de Senadores, cuyos integrantes provienen también de votaciones democráticas, el acuerdo necesario para designar al candidato en el cargo. Sin acuerdo no hay nombramiento. Se advierte así que la voluntad popular nunca fue ajena ni excluida en el procedimiento de designación de magistrados.
Imaginar que los jueces se elijan, como lo solicitó el diputado Depetri, “mediante el voto directo de los ciudadanos” es algo que está mucho más reñido con la idea de independencia de la justicia. Suponiendo que el plazo de ejercicio del cargo sea de seis años, el último año mostrará a un juez activamente en campaña, desatendiendo las causas, ausente de su despacho, fatigando calles y actos en pos de los votos necesarios para su reelección. Es de imaginar que en esa actividad hará promesas y aceptará compromisos. Si no es persona de fortuna, alguien, un particular, una empresa, un partido político, deberá solventar los gastos de campaña. Las presiones ulteriores serán una consecuencia ineludible. No parece este camino el indicado para democratizar la Justicia.
Dijo el doctor Zaffaroni el jueves pasado: “El Poder Judicial es ideológicamente plural”, la importancia de esta afirmación realizada en una entrevista emitida por el canal CN23 es que la expresa un magistrado ideológicamente afín al Gobierno, quien además añadió que “al Poder Judicial hay que democratizarlo, pero hay un límite que es la Constitución”. Quien quiera podrá sacar sus propias -y respetables- conclusiones.