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Un verdadero escándalo. Luego de que se revelara que Gendarmería nacional emplea una unidad especial para espiar a dirigentes sociales y opositores en el marco de una operación que dieron en llamar “Proyecto X”, la polémica salpicó al Gobierno nacional y al Ministerio de Seguridad, que hasta el momento no efectuaron declaraciones y se llamaron al silencio. En este marco es que diputados de diferentes bloques opositores se sumaron a la iniciativa de citar con carácter de “urgencia” a la titular de la cartera de Seguridad, Nilda Garré.
El grave hecho salió a la luz en el marco de una medida preliminar pedida por el fiscal Gerardo Pollicita y que recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, en relación con una denuncia de organismos defensores de los derechos humanos.
El reclamo surgió a partir de la llamada “causa Kraft”, en la que 40 trabajadores fueron procesados en el fuero penal por el delito de “usurpación”, en relación con la semiocupación de la planta que fue desalojada por la infantería de la Bonaerense, y “coacción” , llevar compulsivamente a sus compañeros a la huelga.
Entre los procesados figuran los sindicalistas Javier “Poke” Hermosilla, Lorena Gentile, actuales miembros del comité de empresa de Kraft, y Oscar Coria, delegado despedido en 2009, y Leonardo Norniella, delegado de PepsiCo. Todos ellos, además de su actividad gremial, pertenecientes a partidos de izquierda opositores al Gobierno nacional. También se tenía información de una nieta recuperada y una madre de Plaza de Mayo.
Pese a que el titular de este proyecto, el comandante general de Gendarmería Héctor Schenone, admitiera la existencia de dicha unidad especial, Gendarmería descartó de plano que esa base de datos tuviera como objetivo el espionaje.
De acuerdo con el documento elevado a la Justicia firmado por el propio Schenone, Proyecto X se utilizaría como “herramienta de análisis y orientación” en causas judiciales. “La base de datos se nutre de información que surja durante el transcurso de una investigación judicial (nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos, lugares, peritajes, etc.)”.
El documento explica que sus gendarmes participan vestidos de civil en muchas de las protestas sociales, simulando ser periodistas. Allí recogen datos de los líderes y hasta los fotografían con cámaras ocultas. Las acciones apuntan a “auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos, comunicaciones telefónicas, lugares, personas, períodos de tiempo, a los fines de una mejor investigación criminal judicial”.
Con ese material, luego personal
“administrativo” del “Proyecto X” elaboran listas negras con las fichas individuales de cada dirigente, en los que consta desde su filiación política, domicilio, cuentas bancarias y gustos en general.
Cabe recordar que las acciones de espionaje político eran comunes durante las intermitentes dictaduras militares que asolaron a la Argentina en el siglo XX, pero desde la refundación de la democracia, en 1983, están prohibidas expresamente por las leyes de seguridad interior y de inteligencia nacional. El artículo 25.520 de inteligencia nacional prevé que ningún organismo oficial de espionaje puede “obtener información” de datos de personas por el solo hecho de “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”. De esta manera, la Gendarmería Nacional y el propio Ministerio de Seguridad estarían violando el artículo 4 de esa norma.