El trámite judicial iniciado tras la catástrofe de Once, donde murieron 51 pasajeros, sumó otro capítulo sorprendente, que si bien no avanza en la definición de las responsabilidades por el accidente, agrega dudas a las víctimas. El juez Claudio Bonadío había condicionara un embargo preventivo pedido por los damnificados contra la empresa TBA a que los querellantes hicieran un depósito previo de 100 millones de pesos. La cifra equivale al diez por ciento del embargo, pero resulta inalcanzable para los ingresos de las víctimas.
inicia sesión o regístrate.
El trámite judicial iniciado tras la catástrofe de Once, donde murieron 51 pasajeros, sumó otro capítulo sorprendente, que si bien no avanza en la definición de las responsabilidades por el accidente, agrega dudas a las víctimas. El juez Claudio Bonadío había condicionara un embargo preventivo pedido por los damnificados contra la empresa TBA a que los querellantes hicieran un depósito previo de 100 millones de pesos. La cifra equivale al diez por ciento del embargo, pero resulta inalcanzable para los ingresos de las víctimas.
El abogado querellante, Gregorio Dalbón, cuya carrera pública acredita numerosas sobreactuaciones, dijo que pedirá una “pericia psiquiátrica para confirmar y certificar si se encuentra en condiciones de impartir justicia”. Dalbón precisó que hizo la presentación en la causa por supuesto “prevaricato” contra Bonadío en el Juzgado Federal 1, de la jueza María Servini de Cubría.
El escrito advirtió que Bonadío “podría tener afectada su capacidad de razonamiento” y puso de ejemplo las supuestas “omisiones del magistrado a la participación procesal de la fiscalía y la querella”. Dalbón objetó que el juez haya admitido al Estado como querellante e impuesto a los damnificados una caución real de 100 millones de pesos, para concretar su pedido de embargar las cuentas bancarias de los empresarios y funcionarios que podrían ser imputados por el accidente.
“Está fuera de una psiquis normal y de la cordura haber pedido 100 millones de pesos de caución real a trabajadores que viajan en tren, porque es gente humilde y le cabe el beneficio de litigar sin gastos. Y eso Bonadío lo sabe”, acusó el querellante.
Para Dalbón “imponer a gente humilde una contra cautelar de 100 millones de pesos ya supera la arbitrariedad de un juez y no es acorde a la cordura que debe tener un magistrado de la Nación”.
El abogado, de alta exposición, especializado en accidentes de tránsito y quien llegó a llorar ante las cámaras de TV cuando perdió un juicio, había pedido al juez que trabe embargo por “mil millones de pesos” en los depósitos realizados en bancos locales y del extranjero por aquellas personas a las que prohibió salir del país, entre ellas, los hermanos Roque y Claudio Cirigliano, concesionarios de TBA, de cuarenta líneas de ómnibus, de importaciones de gas de Qatar y de producción de sistemas de TV digital estatales; también, al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y otros funcionarios.