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El juez federal Norberto Oyarbide citó a indagatoria a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a la hija de Hebe de Bonafini, María Alejandra, en la causa por presunta defraudación en la construcción de viviendas sociales por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Schoklender, ex apoderado de la Fundación y responsable del programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos, inaugurará la ronda de indagatorias el 15 de mayo, mientras que dos días después lo hará su hermano Pablo y el 29 será el turno de Alejandra Bonafini.
Así lo confirmaron fuentes judiciales, las que precisaron que las indagatorias, que continuarán hasta el 12 de junio, alcanzan a un total de veinte personas de las más de sesenta que habían sido pedidas por el fiscal federal Jorge Di Lello en diciembre pasado.
También fueron citados el contador sindicado como mano derecha de Schoklender Alejandro Gotkin; el ex ministro porteño Enrique Rodríguez; la ex esposa de Sergio, Viviana Sala; el empresario Daniel Laurenti; y Gustavo Serventich, socio minoritario de Meldorek.
El listado se completa con Patricia Alonso (secretaria de Sergio), Leonardo Hubscher, Mauro Colina García, Hebe Coria, Alberto Marcelo García, Mariana Tercero, Daiana Troncoso, Gustavo Martínez, Walter Cavagliato, Daniel Gillert, Manuel Camet (mano derecha de Pablo) y Hugo Omar Gallardo (un abogado que llegó de la mano de Pablo y terminó como apoderado durante algunos días).
El caso tiene casi un año desde que fue llevado a tribunales a partir de una pelea entre los hermanos Schoklender.
El juez investiga si fondos aportados por el Estado para el programa Sueños Compartidos fueron desviados por Schoklender a través de las empresas Meldorek SA y Antártica Argentina para la compra de bienes y la realización de emprendimientos privados.
El 27 de diciembre pasado, Di Lello pidió la indagatoria de los hermanos Schoklender, de Alejandra Bonafini, y de otras más de 60 personas, al dar por probado el manejo irregular de fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.
Mediante un dictamen de 190 carillas que presentó ante el juez federal Oyarbide, el fiscal pidió que cite a todos ellos por los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros y remarcó que los Schoklender formaban una organización compleja destinada a cometer delitos.
El fiscal imputó a Alejandra Bonafini pero dijo que a la dirigente de derechos humanos le cabe una responsabilidad civil y no penal: según el fiscal, contribuyó ‘a despojar de fondos públicos a la fundación‘ y está sospechada por la venta a la empresa Meldorek SA de ‘la Unidad Funcional 15 ubicada en el pisos 4° y 5° de la calle 44, número 1324, en La Plata, y por la suma de 25.000 dólares, que no sería el precio real de mercado.