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El juez federal Norberto Oyarbide puso al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en la recta final hacia el juicio oral y público en la causa por las escuchas telefónicas, en la que está procesado como presunto integrante de una asociación ilícita.
El juez dio ayer por clausurada la etapa de investigación y dio “vista” a todas las partes, el paso previo a elevar la causa a la instancia oral y pública. Tras conocerse la noticia, Macri dio una conferencia de prensa en la que sostuvo que la causa es “un invento hecho por el kirchnerismo” y apuntó al juez y a la Presidenta. También acusó a los camaristas que intervinieron en la causa y descartó pedir licencia para enfrentar el juicio oral.
Junto con Macri están acusados el espía Ciro James, el frustrado jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski, dos exjueces misioneros (uno de los cuales ya murió), una secretaria y tres policías de esa provincia.
A todos se les imputa formar parte de una red de espionaje a través de la cual se intervinieron teléfonos de manera ilegal a empresarios, políticos, abogados y dirigentes sociales.
Macri está procesado por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público e intercepción de llamadas por la “pinchadura” a los teléfonos de su cuñado, Néstor Leonardo, y del dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA Sergio Burstein, quien se oponía a la llegada de Palacios a la Policía Metropolitana por la acusación de encubrir el atentado a la mutual judía.
Cabe aclarar que no existe ninguna comunicación telefónica entre Macri y James, sino que la vinculación que hace el magistrado se basa en su relación con Palacios, virtual jefe político de James.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron en julio del año pasado el procesamiento de Macri, dictado por Oyarbide, y señalaron que el jefe de Gobierno porteño “conoció y prestó su consentimiento para instalar un aparato de inteligencia prohibido y clandestino del que se habría servido”.
Si bien en la causa todavía están pendientes planteos de la defensa de Macri y del resto de los imputados en la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Oyarbide -como subrogante del juzgado federal número siete- consideró que el paso del tiempo, unos dos años desde que los procesamientos quedaron firmes, justifican acelerar los plazos del expediente.
Así, los primeros en notificarse sobre la clausura del sumario serán los abogados defensores y los querellantes, quienes dispondrán de cinco días hábiles para pronunciarse.
Luego será el turno de la Fiscalía, que deberá postular la elevación a juicio oral, y después el juez mandará el expediente a la Cámara Nacional de Casación Penal para que sortee qué tribunal oral deberá intervenir.
Todos estos pasos son apelables ante la Cámara Federal y la Cámara de Casación, y si bien tienen pocas posibilidades de éxito, podrían estirar los tiempos de la causa.
Oyarbide clausuró también la investigación respecto de los policías y funcionarios porteños.