inicia sesión o regístrate.
La ruta 54 tiene 146 kilómetros. El proyecto de $525 millones prevé la pavimentación de 121 km y el enripiado de los restantes 25 km.
Los legisladores del PPS, UCR, Frente Salteño, Salta Somos Todo e Identidad Renovadora que requirieron un informe de la síndica general, Nélida Maero de Ceriani, en medio de fuertes cuestionamientos por las condiciones y costos con que se licitaron las obras de la ruta 54, esperan a la funcionaria en la Cámara baja la próxima semana.
En los últimos días, luego de que la Auditoría General se declarara incompetente para revisar el llamado y descartar las dudas planteadas en cuanto a un presunto direccionamiento de los pliegos y una supuesta sobrevaluación del 90% en el costo de las obras, presupuestadas en $525 millones, diputados de los bloques opositores sumaron más denuncias.
Por un lado, advirtieron que la Sindicatura General no hizo un control directo al proceso licitatorio. Por otro lado, notaron que las actuaciones administrativas de este llamado se resolvieron en solo seis días.
Según documentación extraída del expediente, el viernes 13 de abril el director de Vialidad de Salta, Gerardo Villalba, elevó al secretario de Obras Públicas de la Provincia, Juan Carlos Galarza, la resolución 712. Por ese instrumento legal, firmado el mismo 13 de abril, se nombraron dos profesionales de Vialidad para colaborar con Obras Públicas en el proceso del llamado a licitación.
El lunes 16 de abril, ingresó a Obras Públicas el pliego de bases y condiciones. Al día siguiente, Galarza remitió el pliego al coordinador del organismo, Carlos García, para que junto a los profesionales de Vialidad inicie el trámite licitatorio.
El mismo martes 17 de abril Galarza solicitó a la contadora Patricia Camilo, de la Administración de Servicios Financieros, la imputación presupuestaria de la obra. En forma inmediata, se imputó la obra, en forma preventiva, en la partida del Fondo de Reparación Histórica, por $50 millones. El expediente reingresó horas después al despacho de García.
El miércoles 18 de abril se cumplimentaron numerosos pasos administrativos en distintas dependencias de Obras Públicas. Primero, el coordinador general elevó el legajo técnico para la ejecución de la obra al titular de la Secretaría. Después, Galarza mandó el expediente al asesor legal, Carlos Benavídez. A continuación, este funcionario sacó el dictamen de aprobación del legajo técnico. En el siguiente paso se emitió un informe técnico ambiental interno. Poco después, el ingeniero Víctor Pérez, de la Unidad de Sindicatura Interna (USI) de Obras Publicas, remitió a Galarza la revisión y el análisis de la documentación relacionada con el pliego, sin observaciones. Luego Galarza giró las actuaciones a la Dirección de Asuntos Legales y Técnicos del Ministerio de Economía. En esa oficina se emitió un dictamen legal que puso el expediente a consideración del director general del área, Federico Alesanco Toffoli. Finalmente, Toffoli elevó el expediente al ministro Carlos Parodi para su consideración.
A la mañana siguiente, jueves 19 de abril, Parodi aprobó las actuaciones mediante la resolución 165 y autorizó a la Secretaría de Obras Públicas el llamado a licitación.
La consulta y venta de los pliegos se fijó del 25 al 27 de abril, fecha a la que se tenían solo dos adquirentes confirmadas: una UTE local integrada por las empresas Ingeniero Medina, Moncho y Noroeste Construcciones, y Comercial del Plata Construcciones (CPC), la compañía que uno de los nuevos zares de la obra pública nacional, Cristóbal López, adquirió en 2009 al grupo Soldati.
La venta de pliegos fue posteriormente ampliada hasta el 11 mayo, y ese día se confirmaron tres adquirentes más: otra UTE salteña, encabezada por Juan Carlos Segura Construcciones y Juan Pedro Garín, y dos grupos de Buenos Aires: la compañía JCR (de Juan Carlos Relats, otro empresario con estrechos vínculos con la Casa Rosada) y el grupo integrado por Covico y Coprisa, las dos empresas que tuvieron la concesión de los peajes en la ruta 34 hasta fines de 2009.