Lejos quedaron los días en que la Defensoría del Pueblo de Cerrillos convivía en total armonía con el Concejo Deliberante, en la antigua casona de los Güemes, que ocupaban en avenida principal del pueblo, a pocos metros de la plaza Serapio Gallegos.
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Lejos quedaron los días en que la Defensoría del Pueblo de Cerrillos convivía en total armonía con el Concejo Deliberante, en la antigua casona de los Güemes, que ocupaban en avenida principal del pueblo, a pocos metros de la plaza Serapio Gallegos.
Hoy el defensor del pueblo, profesor Carlos Andrés Paz; su secretaria administrativa, Noelia Díaz, y el asesor letrado, Dr. Román Dávila, quedaron literalmente en la calle.
Resulta que hace poco más de 20 días, vencido el contrato de alquiler, el Poder Legislativo municipal se mudó a un nuevo local ubicado en General Gemes, primera cuadra, donde antes funcionaba la Cooperadora Asistencial.
Según relató Paz a El Tribuno, “los concejales se fueron sin decirme nada, en silencio, casi en puntas de pie. Y en el nuevo edificio me negaron un espacio para mí y para el personal de la Defensoría, por lo que quedamos en la calle”.
Contó que hasta le quitaron un escritorio, tres sillas y una abrochadora, que si bien reconoció que pertenecen al Concejo Deliberante, “me los venían prestando desde el año pasado. Aquí se nota que hay malas intenciones”, dijo el funcionario.
“Hoy atendemos en la plaza, en un café o por teléfono. Esto va en desprestigio de esta institución que actúa en defensa de los vecinos y que controla a los poderes municipales”, afirmó Paz.
Es importante aclarar que la Defensoría del Pueblo funciona con partidas que debe girarle el Concejo Deliberante y que equivalen al 20% de su presupuesto, según la normativa vigente. El cuerpo de concejales cuenta con una asignación anual de 1.400.000 pesos.
El defensor del pueblo explicó que “a la fecha nos deben tres meses, es decir, unos 60 mil pesos, aproximadamente, menos las retenciones de ley. A raíz de esto no cobramos nuestro sueldo, no pagamos a los proveedores ni tenemos dinero para alquilar una oficina, entre otros perjuicios”. Como consecuencia de esta situación, Carlos Paz apuntó contra la presidenta del Concejo Deliberante, Mabel Burgos de Sangeso, a quien -según manifestó a El Tribuno- denunció penalmente por retención indebida de fondos, abuso de autoridad y malversación.
La situación se tornó tensa entre las dos instituciones, especialmente entre Paz y Sangeso, quien asumió la banca en las pasadas elecciones por el Frente Peronista Federal. Tanto, que el defensor del pueblo presentó un amparo en el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N§ 2, a cargo de la jueza Gloria Martearena. Pero, según manifestó el funcionario cerrillano, la medida fue rechazada por razones que dice desconocer.