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La pregunta por el destino de los aportes jubilatorios se la hacen muchos. Los jubilados y pensionados quieren saber si es cierto que el responsable de la Anses dijo a la Corte que no hay plata para pagar todos los juicios, y que no se podría afrontar a futuro el pago mensual de las jubilaciones actualizadas por el caso Badaro. Cuando hay que pagar una deuda a los jubilados, la Anses dice que no tiene plata; sin embargo, cuando el Gobierno quiere implementar cualquier política social recurre a la plata de los jubilados.
Los fondos que maneja la Anses parecen un barril sin fondo. Cuando se entregaron computadoras a los estudiantes, salario universal para desocupados, jubilaciones para personas que nunca aportaron y ahora créditos hipotecarios, el Gobierno recurre a sus fondos, pero cuando los jubilados, que sí aportaron por más de 30 años, quieren cobrar las deudas que provienen de sentencias judiciales firmes, el Gobierno le dice que no hay plata. La canasta básica de un jubilado cuesta actualmente $3.519.42 y el haber promedio de las jubilaciones es de $2.051. En la actualidad, sobre casi 6,5 millones de jubilados y pensionados el 75% de los mismos cobran la jubilación mínima de $1.687, es decir que casi mas de 4 millones de jubilados alcanza a cubrir un poco menos de la mitad de la canasta básica.
Con anterioridad al 2000, el sistema previsional tenía un 15% de los jubilados cobrando la mínima. Es decir que hubo un achatamiento muy importante de la pirámide salarial. Ningún argentino está en contra de que se apliquen políticas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad, pero lo que sí se critica es el uso de fondos de los jubilados para hacer estas políticas. El Estado debe buscar otros fondos específicos para llevarlas adelante.
El sistema previsional argentino tiene serios problema de sustentabilidad en el mediano y largo plazo, la relación cantidad de activo por cada jubilado no llega a dos, si bien hoy reciben otros ingresos tributarios que fueron cedidos por las provincias de sus coparticipaciones con motivo de que en el año 1994 se había creado el sistema de capitalización y eran necesarios esos fondos para poder seguir pagando las jubilaciones del anterior sistema. Luego el Estado nacional estatizó las AFJP y, por lo tanto, debería haber devuelto esos ingresos tributarios cedidos oportunamente a las provincias por haber desaparecido el motivo de su cesión. Ya hay algunos estados provinciales que están reclamando estos fondos por vía judicial. Además de estos problemas, debemos mencionar que el sistema previsional tiene una litigiosidad muy alta, casi 500.000 demandas de jubilados que reclaman reajuste de sus haberes por la falta de movilidad generada con anterioridad al 2006 (fallos Sánchez y Badaro, de la Corte) y por la mala liquidación del haber de origen en muchos casos (fallo Ellif, de la Corte).
La Corte Suprema de Justicia pidió por oficio al titular de la Anses, Diego Bossio, que presentara dentro de los próximos 30 días un exhaustivo informe sobre la situación presupuestaria del organismo.