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La Cámara Federal ordenó hoy "la inmediata libertad" de Sergio Schoklender, el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, pero el juez Norberto Oyarbide le fijó una fianza de 4 millones de pesos que podrían complicar su pronta salida de la cárcel de Ezeiza, donde está preso desde hace 44 días.
Acusado de ser el jefe de una banda que desvío millonarias sumas del Estado y destinadas a las Madres para que construyeran viviendas, Schoklender se enteró hoy a las 14 que la Cámara Federal había ordenado su libertad y le había advertido al juez que la fianza a fijar no debía "significar la implícita denegatoria del derecho que aquí le ha sido reconocido".
Sin embargo, Oyarbide después le impuso una fianza de 4 millones de pesos para que Sergio Schoklender salga de prisión, el mismo monto que le había impuesto a su hermano Pablo, quien permanece detenido pese a haber sido beneficiado la semana pasada con la excarcelación por la magnitud de la cifra solicitada.
Se trataba así de una clara indirecta a los montos de cuatro y dos millones de pesos que Oyarbide impuso la semana pasada, respectivamente, para Pablo y Alejandro Gotkin, luego de recibir el beneficio de la excarcelación.
Pablo y el contador Gotkin -presidente de Meldorek, una empresa clave en el supuesto desvío de dinero- están sospechados de organizar la banda que encabezaba Sergio y siguen presos porque aún no pudieron pagar esas sumas.
Solicitaron una reducción de esos montos a la Cámara Federal -la misma que dispuso las excarcelaciones- y que ahora está estudiando el tema.
En ese marco, Oyarbide fijó cuatro millones de pesos como fianza para Sergio Schoklender, por lo que no se sabe cuándo quedará efectivamente libre el hombre que se hizo famoso por el crimen de sus padres, ocurrido en los '80. Esta no es la primera vez que la Cámara Federal se queja de la forma en que Oyarbide viene manejando la causa: hoy los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero plantearon que el magistrado no justificó el por qué resolvía apresarlo ahora, a un año del inicio de las actuaciones, y rechazó las sospechas de aprietes o robos de documentación.
El tercer juez, Eduardo Farah, se opuso a la excarcelación al señalar que su detención "es necesaria, proporcional y, por ende, razonable a esta altura del proceso", pero sus dos colegas coincidieron en que liberar a Shocklender aunque no se pusieron de acuerdo si debía hacerlo bajo palabra (como opinaba Freiler) o había que fijar fianza (algo que sostuvo Ballestero y fue acompañado, con la excarcelación definida, por Farah).
Mientras tanto, el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, también elevó una clara crítica a Oyarbide al reclamarle que "no dilatara más" el avance de la causa, demorada por la complejidad del expediente pero también por "los modos peculiares en que se desarrollan las actuaciones".
En ese marco, Di Lello instó al juez a llamar a los 67 sospechosos que él reclamó interrogar en diciembre pasado; solo una veintena fueron citados y esa ronda de indagatorias aun no finalizó.
Sergio Schoklender está acusado de haber desviado 280 millones de pesos de los 765 millones que el Estado le dio a la Fundación de Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas.
Detenido el mismo día que tenia que declarar por primera vez, Schoklender habló en la causa para rechazar las acusaciones por los delitos de "asociación ilícita, lavado de dinero y administración fraudulenta" y culpó de los desmanejos financieros a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres.
El pasado lunes -al ampliar su indagatoria que continuará el próximo jueves, según está previsto-, Sergio Schoklender acusó a Hebe de haber ordenado comprar con plata de la entidad un departamento y una casa en La Plata para su hija, Alejandra Bonafini, también imputada en la causa como supuesta miembro de la asociación ilícita que se apoderó del dinero. Al mismo tiempo, acusó a Oyarbide y a Di Lello de "destruirme a cualquier precio y garantizar la impunidad de la señora Hebe de Bonafini y su hija".
Oyarbide dispuso mantener tras las rejas a Schoklender con el argumento que empleados de la Fundación Madres del Chaco, donde se construyeron viviendas, referían supuestos aprietes del imputado antes de declarar.
Sin embargo, hoy, la Cámara Federal, con los votos de Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros rechazaron los argumentos de Oyarbide y señalaron que "las constancias de la causa evidencian una realidad distante de la que fue narrada (por el juez) y, por lo tanto, incapaz de avalar el temperamento adoptado".
Al respecto, la Cámara compulsó la causa que se inició en Chaco y sostuvo ningún testigo "ha declarado haber sido objeto de amenaza o coacción alguna respecto del testimonio prestado en esa pesquisa", mientras que solo apuntaron por "amenazas" y "malos tratos" a los encargados del obrador del Chaco, pero no a Schoklender.