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A un paso de recuperar la libertad. Sergio Schoklender podría volver a caminar por la calle -aunque seguirá imputado- en cuanto pague la fianza que le impuso del juez federal Norberto Oyarbide luego de que la Cámara Federal ordenara ayer su “inmediata libertad”. Sin embargo, y pese a que la misma cámara le había reclamado al juez que el monto de la fianza no signifique la no aplicación de la medida, Oyarbide ordenó el pago de una suma de 4 millones de pesos.
Por la causa no fueron citados todavía ni siquiera en calidad de testigos ni Hebe de Bonafini ni ningún funcionario del Gobierno. Se descarta que Schoklender no se fugará, porque siempre estuvo a disposición de la Justicia, y que vaya a entorpecer la investigación, ya que estuvo libre más de un año sin ser citado.
Sergio Schoklender se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, donde está preso desde hace 44 días, acusado de liderar una banda que desvío millonarias sumas -más de 700 millones de pesos- del Estado que estaban destinadas a las Madres para la construcción de viviendas sociales.
Oyarbide dictó para Sergio Schoklneder la misma fianza que le impuso a su hermano Pablo días atrás.
Pablo y el contador Gotkin -presidente de Meldorek, una empresa clave en el supuesto desvío de dinero- están sospechados de organizar la banda que encabezaba Sergio, y siguen presos porque aún no pudieron pagar esas sumas.
Solicitaron una reducción de esos montos a la Cámara Federal -la misma que dispuso las excarcelaciones- y que ahora está estudiando el tema.
En ese marco, Oyarbide fijó cuatro millones de pesos como fianza para Sergio Schoklender, por lo que no se sabe cuándo quedará efectivamente libre. El reclamo por los montos de las fianzas no es el primero que la Cámara Federal el hace a Oyarbide, por las formas en que viene manejando la causa: ayer los camaristas plantearon que el magistrado no justificó el porqué resolvió apresarlo ahora, a un año del inicio de las actuaciones, y rechazó las sospechas de aprietes. El juez, Eduardo Farah, se opuso a la excarcelación al señalar que su detención “es necesaria, proporcional y, por ende, razonable a esta altura del proceso”, pero sus dos colegas coincidieron en liberar a Schoklender, aunque no se pusieron de acuerdo si debía hacerlo bajo palabra o había que fijar fianza. Mientras tanto, el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, también elevó una clara crítica a Oyarbide al reclamarle que “no dilatara más” el avance de la causa, demorada por la complejidad del expediente pero también por “los modos peculiares en que se desarrollan las actuaciones”.
La desmentida del imputado
Sergio Schoklender desmintió ante la Justicia que siete viviendas construidas en un country en el que viven su exesposa, su hermano Pablo y otros acusados en la causa hayan sido construidas con material “robado” a la Misión Sueños Compartidos.
Se trata de las propiedades e instalaciones allanadas el 22 de junio de 2011 por Oyarbide en el barrio Patacón del partido bonaerense de Pilar, donde según declaró el juez en aquella oportunidad “se ha podido observar, con toda claridad, que están construidos con materiales que se emplean para construir las casas de la fundación”.
“A pesar del circo mediático y de las declaraciones matinales de su señoría, me permito recordarle que todos los materiales fueron legalmente adquiridos tal como lo acreditan los remitos cuyo número notifiqué personalmente por escrito a este tribunal inmediatamente después de haberse producido el descubrimiento”, replicó el imputado en su ampliación de indagatoria a principios de esta semana.
Sergio Schoklender afirmó ante Oyarbide que “los originales de dichos remitos fueron secuestrados por este tribunal ante el único allanamiento de todos los solicitados, recomendados e indicados” que efectuó, entre ellos “la planta de Barracas, la fábrica de paneles de la Fundación”, donde presuntamente habría documentación que ratificaría que los materiales no fueron “robados”.