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El Senado sigue con atención el escándalo de la Corte, pero desde este cuerpo no opinan. El argumento: ante un eventual juicio político sus miembros tienen que constituirse en tribunal juzgador.
La posibilidad de un juicio, por ahora, parece casi nula. El gobernador Juan Manuel Urtubey ya dejó sentado que la designación de una secretaria letrada es “una cuestión doméstica del máximo tribunal”.
La insólita crisis institucional bajó algunos decibeles cuando la comisión de Justicia de Diputados resolvió, por mayoría, mandar al archivo un pedido de informe a la Corte que promovía la diputada Virginia Cornejo (PPS).
Esta legisladora, junto a la diputada Liliana Mazzone (FD), fueron transmisoras de la denuncia que la jueza de Corte, Susana Kauffman, hizo llegar a la Cámara baja a través de su esposo, el diputado Guillermo Martinelli (LP).
Cuando el tema parecía agotado, en la última sesión, la diputada Cornejo (PPS), Claudio del Plá (PO) y Lucas Godoy (PJ) objetaron declaraciones de un juez de la Corte.
El titular de Diputados, Manuel Santiago Godoy, aclaró ayer que no hay denuncia alguna que pueda derivar en juicio político para algún miembro de la Corte.
Pero Godoy alimenta una vieja y profunda “enemistad manifiesta” con el juez Abel Cornejo.
“Un juez amenazó en una radio diciendo que si la legislatura llegara a pedir un informe él se encargaría de hacer conocer presiones que tiene; lo mejor que puede hacer el hombre de la Corte que habló es decir, por lo menos, que se equivocó en apreciaciones, producto quizás de suposiciones y temores”, acotó. Ese juez es Cornejo. Para Godoy, el tema de los excesos verbales pertenece “a la hoguera de las vanidades y también lo deben resolver ellos -la Corte-”. Finalmente, reiteró que “la única manera de que la cámara intervenga es que haya denuncia concreta y que de acuerdo con la Constitución Provincial, se de lugar a un juicio político”.
El problema no es nada sencillo. El escándalo nació cuando la doctora Kauffman intento designar a la abogada María Victoria Mossman como secretaria letrada. Mossman es la esposa del director de la Escuela de la Procuración y mano derecha del procurado Pablo López Viñals, Sebastián Lloret. Cuatro años atrás, había sido designada y desplazada en menos de veinte días, en ambos casos a pedido de Abel Cornejo. Kauffman, de la mano de su esposo el diputado Martinelli llevó el conflicto a la Cámara, donde fue receptado por Mazzone y Virginia Cornejo, pero también por la dirigente feminista Alicia Ramos, esposa del secretario legislativos de la Cámara, Ramón Corregidor.
El escándalo, en definitiva, trascendió las fronteras de los poderes.
Claudio del Plá no habló de juicio político pero reiteró un firme planteo para que el juez que “habla de presiones a la justicia, denuncie quienes son o que grupos de poder hacen lobby y qué fallos se han alterado”. Por su parte, Virginia Cornejo, insistió que el juez -Cornejo- “cometió el error de decir cosas alejadas de la realidad”, consideró que hubo discriminación de género y abuso de poder y agregó que seguirá expectante sobre como sigue el caso. Por si acaso, un diputado oficialista ya le habría advertido a Godoy que “si hay juicio contra Abel Cornejo, también tiene que haber contra Kauffman”.