La causa está caratulada como “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico” y la lleva el juez federal Ariel Lijo.
La Justicia federal investiga si la presidenta Cristina Fernández y otros altos funcionarios supuestamente cometieron irregularidades con los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE), que el jueves fue disuelta por el Gobierno Nacional al mismo tiempo que reemplazó a la plana mayor de la Superintencia de Servicios de Salud (salvo a la titular, la ultra K Liliana Korenfeld, que asumió en el cargo a principios de julio).
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La causa está caratulada como “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico” y la lleva el juez federal Ariel Lijo.
La Justicia federal investiga si la presidenta Cristina Fernández y otros altos funcionarios supuestamente cometieron irregularidades con los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE), que el jueves fue disuelta por el Gobierno Nacional al mismo tiempo que reemplazó a la plana mayor de la Superintencia de Servicios de Salud (salvo a la titular, la ultra K Liliana Korenfeld, que asumió en el cargo a principios de julio).
El denunciante pide que se informe cuánto dinero hay, qué se hizo con el resto y dónde está depositado. Y, ante la sospecha de actos de corrupción en el manejo público de esos fondos, sostiene que cerrar la APE no soluciona nada.
Fuentes vinculados a la causa informaron que “hasta ahora el juez libró dos oficios: uno al Banco Nación para que informe cuánta plata de las obras sociales en el APE tiene depositada y otro a la propia a la ahora ex APE para que declare cuánto dinero les reintegró a aquellas”.
El sostén financiero de la APE se nutría de porcentajes descontados a las cargas sociales de cada trabajador y su empresa, y los fondos deben ir destinados a programas especiales para pagar tratamientos de enfermedades especiales, HIV, drogas, prótesis, entre otros.
Los fondos que no lleguen a gastarse en esos rubros deben ser reintegrados a las obras sociales y es por ello que el líder de la CGT, Hugo Moyano y otros dirigentes gremiales venían reclamando al Gobierno el reintegro a esas entidades de entre $ 12 mil y 20 mil millones , según el sector sindical.
Para Jorge Vitale, abogado denunciante en la causa, el Gobierno “le debe a las obras sociales $ 25.960.millones” mientras que “lo que figura en el Banco Nación como cuenta de este rubro es $ 6.200 millones”. ¿Dónde está el resto?”, se preguntó.
Para el letrado “no existe información adecuada sobre estas cuentas” y es de presumir que al dinero “se lo utilizó para otras cajas, como son subsidios, caja negra, y en el mejor de los casos hay títulos o bonos de nuestra deuda, lo que implica que es otro vaciamiento”.
“Haber disuelto el APE no soluciona el problema, es más de lo mismo”, concluyó el denunciante.