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¿Cuál es su análisis de los sucesos en la comisaría de Güemes?
Como ministra y como militante de los derechos humanos los repudio enérgicamente. De igual forma sostengo que lo ocurrido allí es un hecho aislado. Este tipo de conducta no es una práctica sistemática en una institución como la Policía. La violación sistemática es una práctica que viene desde el Estado hacia la sociedad y son propias de los Estados terroristas. Esto no tiene nada que ver con Salta, porque el Gobierno provincial ha demostrado a lo largo de estos cuatro años y medio de gestión una encendida defensa por los derechos humanos, transformándolo en política pública. Desde el punto de vista de la seguridad y de la Policía, las transformaciones que se han producido hacia adentro de los cuadros policiales han sido valiosas. El Ministerio a mi cargo tiene dentro de la carrera de oficiales, no solo la responsabilidad de la materia Derechos Humanos y Derechos Constitucionales, sino la elaboración de todos los contenidos y el dictado de cursos.
¿Por qué pasan estas cosas?
Pasan puntualmente porque estos seis delincuentes llevaron adelante estas prácticas deleznables, creyendo que de esta manera se investiga un ilícito. Desde este punto de vista ratifico y respaldo los dichos del ministro de Seguridad, en el sentido de que estos no son funcionarios policiales, sino delincuentes. Por eso estamos acompañando el trabajo de la Justicia para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Deseo, espero y confío en que sobre los imputados recaiga la pena más gravosa y más fuerte que dispone el ordenamiento jurídico. Tengo mucha confianza en el trabajo que venimos realizando en la transversalidad de los derechos humanos dentro de las políticos públicas. Estamos trabajando fuertemente en la preparación de los nuevos cuadros policiales y dictando capacitación permanente a los que están en actividad. Esto lo venimos haciendo desde que las áreas de Derechos Humanos y Seguridad eran secretarías y ahora mucho más como ministerios.
¿En qué casos puntuales tuvieron óptimos resultados?
Particularmente en la lucha contra la trata de personas, en la que la Policía tiene trabajos fantásticos sobre el descubrimiento de redes, con el rescate de más de ciento cincuenta víctimas. Al margen del caso que nos ocupa, puedo asegurar que el 100 por ciento de los integrantes de la Policía están trabajando muy fuertemente en la seguridad de los salteño, y ponen toda su dedicación para este fin.
¿A usted le consta?
Por supuesto que es así y descarto de plano que esta práctica sea una práctica sistemática; por el contrario la Policía es una institución que trabaja con un fuerte compromiso con la gente, defendiendo los derechos de la gente y con un respeto irrestricto por los derechos humanos.
¿Cómo explica la gran cantidad de denuncias por apremios ilegales que se ventilan en los juzgados?
No conozca la cantidad, pero sea cual fuere el número, me remito a lo que dije en un comienzo. No existe un plan sistemático. Los que se dan son casos aislados, individuales, con nombre y apellido de los denunciados y es la Justicia la que debe resolver el grado de responsabilidad en cada caso y el Gobierno está presto a colaborar cuando se lo requiera.
¿En el caso de Güemes hay responsabilidades superiores?
Hay que dejar que la Justicia actúe para determinar eventuales responsabilidades. Yo no lo puedo decir. No hay que sacar la investigación del marco que la investigación tiene. Queremos que el juez Pablo Farah llegue hasta el fondo del hueso para saber qué pasó con la tortura a los dos chicos detenidos, cuyas secuencias fueron filmadas por uno de los imputados.
¿Qué lectura hace del video de las torturas y su difusión?
No voy a hacer ninguna lectura. porque todo eso forma parte de la investigación judicial. Quiero ser respetuosa del trabajo del juez.
Hay numerosas denuncias
Al margen de los graves episodios que se conocieron a través de un video difundido por internet, hay varios casos de denuncias por abuso de autoridad y vejaciones, apremios ilegales que son materia de investigación en la Justicia provincial, la mayoría de ellas en los Juzgados Correccionales.
Según el diputado Claudio del Plá, del Partido Obrero, en los últimos cuatro años se registraron alrededor de 400 denuncias contra policías por los delitos enunciados y “solo dos de ellos terminaron en condenas”.
En relación a ello, la ministra María Pace manifestó que no desconoce la existencia de denuncias por apremios ilegales, pero aseguró que no sabe la cantidad exacta. No obstante, defendió enfáticamente la tarea que realiza la Policía de la Provincia en materia de seguridad. “Una cosa son las prácticas sistemáticas, y otra los casos aislados, así sean cincuenta”, sentenció la titular de Derechos Humanos. En ese sentido, la funcionaria instó a las personas que hayan sido víctimas de estas prácticas delictivas a que presenten las denuncias para evitar que estos casos se repitan.
Nuevo querellante
La organización de derechos humanos Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta se presentó como querellante en el caso de las torturas que sufrieron dos jóvenes detenidos en la comisaría de General Güemes. La presentación fue hecha con el patrocinio de la abogada Susana Aramayo, a través de la cual se sostiene que la entidad está avalada para intervenir en cualquier caso donde se lesionen los derechos humanos de las personas.
Frente a lo expuesto, la entidad solicitó al juez Pablo Farah participar de las audiencias indagatorias de los seis policías acusados de torturas, de las testimoniales que se tomen y de cualquier medida probatoria que se disponga en el marco de este proceso. También requirieron el acceso al expediente para interiorizarse del estado de la causa. “Queremos ser parte de este proceso como ya lo hicimos en otros casos similares”, dijo el presidente de la ONG, David Leiva.