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27 de Junio,  Salta, Centro, Argentina
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Piden crear un organismo para controlar lugares de detención

Lunes, 30 de julio de 2012 23:00
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Las denuncias por torturas y apremios ilegales en la Comisaría de General Güemes tuvieron repercusión en el Congreso de la Nación. En el Senado se encuentra aún sin tratamiento un proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, que prevé la creación de un sistema nacional de control para los lugares de detención.

Justamente la senadora nacional por Salta Sonia Escudero reclamó su urgente sanción ya que, según aseguró, “la situación carcelaria y las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad es una asignatura pendiente”. En ese sentido, la legisladora dijo que el país está en mora desde hace 5 años, ya que en 2007 venció el plazo del compromiso asumido para crear un mecanismo nacional para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se trata de la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura, al que adhirió la Argentina.

El proyecto en cuestión fue sancionado el 7 de septiembre de 2011 en la Cámara de Diputados y desde entonces está pendiente de tratamiento en el Senado. Propone crear un comité nacional contra la tortura, un organismo independiente en el ámbito del Poder Legislativo, conformado por 9 miembros (6 de ellos designados por el Congreso a través de un procedimiento público y participativo, 2 representantes de las provincias, y el Procurador Penitenciario Nacional).

Según el proyecto, dicho organismo podrá realizar visitas con o sin aviso previo en los centros de detención del país y deberá elaborar estándares sobre las condiciones de detención (capacidad de alojamiento, empleo de la fuerza, requisas, traslados, etc). También podrá proponer recomendaciones, acciones y políticas sobre cuestiones carcelarias.

Además, podrá investigar denuncias de torturas y apremios, entrevistar a los detenidos y sus familiares. El organismo deberá trabajar conjuntamente con organizaciones no gubernamentales. El proyecto también prevé que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán designar o crear un organismo en sus jurisdicciones.

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