La provincia atraviesa una crisis de poderes surgida de un episodio aparentemente trivial, la desestimación de una secretaria letrada de la Corte de Justicia, pero que ya involucra a la Legislatura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La gravedad institucional de este conflicto quedó en evidencia ayer por la mañana cuando el diputado Guillermo Martinelli intentó golpear a su par renovador Cristóbal Cornejo durante una reunión de la comisión de Justicia en la que se trataba el asunto.
Martinelli es el marido de la jueza de la Corte Susana Kauffman, a quien el 18 de junio, el cuerpo colegiado le denegó el acuerdo para la abogada María Victoria Mossman como secretaria letrada de Corte.
Kauffman tiene como secretaria a María Isabel Romero Lorenzo y, hasta hace poco, contaba con Adriana Rodríguez, quien pasó a ocupar un cargo de jueza interina en una Cámara civil. En reemplazo de esta última, Kauffman quería nombrar a Mossman.
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La provincia atraviesa una crisis de poderes surgida de un episodio aparentemente trivial, la desestimación de una secretaria letrada de la Corte de Justicia, pero que ya involucra a la Legislatura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La gravedad institucional de este conflicto quedó en evidencia ayer por la mañana cuando el diputado Guillermo Martinelli intentó golpear a su par renovador Cristóbal Cornejo durante una reunión de la comisión de Justicia en la que se trataba el asunto.
Martinelli es el marido de la jueza de la Corte Susana Kauffman, a quien el 18 de junio, el cuerpo colegiado le denegó el acuerdo para la abogada María Victoria Mossman como secretaria letrada de Corte.
Kauffman tiene como secretaria a María Isabel Romero Lorenzo y, hasta hace poco, contaba con Adriana Rodríguez, quien pasó a ocupar un cargo de jueza interina en una Cámara civil. En reemplazo de esta última, Kauffman quería nombrar a Mossman.
Los secretarios letrados no son asesores privados de cada juez sino funcionarios de la Corte de Justicia que conocen el trámite de cada una de las causas. Mossman había tenido acuerdo como secretaria en 2008, a propuesta del juez Abel Cornejo, quien a los veinte días pidió su desplazamiento por falta de “lealtad y confianza”. La abogada fue designada entonces en la Coordinación de Secretarías Civiles, con lo cual su desplazamiento pasó desapercibido y no quedó como una sanción. Sin embargo, cuatro de los actuales siete jueces de la Corte habían participado entonces de la acordada que la separó del cargo.
El 18 de junio, en reunión de acuerdos, cinco de los jueces -no estaba Fabián Vittar, de licencia- le informaron sobre la imposibilidad de aceptar a la postulante.
Al día siguiente, la doctora Kauffman pidió al presidente del cuerpo, Guillermo Posadas, una explicación por escrito sobre las razones de la denegatoria. El primer pedido resultó inusual pero la excelente relación de la jueza con sus pares permitió que la solicitud prosperara.
Con ese escrito, la jueza se presentó a la Cámara de Diputados donde su marido, el laboralista Guillermo Martinelli, ocupa una banca del bloque peronista no oficialista Lealtad Popular. Allí denunció una supuesta discriminación por razones de género atribuyendo a la mayoría masculina de la Corte un rechazo a Mossman por su condición de mujer.
En la Corte de Justicia se desempeñan doce secretarios letrados, de los cuales nueve son mujeres.
Dos diputadas, Virginia Cornejo y Liliana Mazzone, solicitaron que el cuerpo eleve un pedido de informes a la Corte de Justicia.
En tanto, Susana Kauffman inició una serie de denuncias en distintos medios, en los que acusó a sus colegas por discriminación de género y abuso de poder. Incluso aseguró que fue tratada de manera “prepotente” por algunos de los jueces, a los que no identificó. Además, realizó una presentación en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer, la ministra de Justicia María Inés Diez advirtió que el Poder Judicial es el sector con mayor presencia de funcionarias femeninas.
La cuestión alcanzó repercusión nacional y algunos diarios porteños tomaron la denuncia literalmente, sin chequear más datos. Entre los miembros de la Corte salteña, en tanto, reinan la amargura y la decepción. “Resulta inexplicable esta conducta en alguien a quien se le explicó con razones fundadas la negativa a la acordada”, dijo escuetamente uno de ellos. “No hay enojo, sino preocupación por la gravedad institucional del caso”. Saben los jueces que la Suprema Corte no tiene competencia en un caso originado en la designación de un secretario letrado en una provincia. También sostienen que la Legislatura no puede pedir informes sobre una decisión tomada en el ámbito interno del máximo tribunal.
Es inimaginable, por otra parte, un pedido de juicio político. En cambio, tienen la certeza de que el daño al prestigio de la Justicia será considerable. La hipótesis del “machismo” choca contra la evidencia de que el 75 por ciento de los secretarios son mujeres, y nadie se explica en la Corte las razones de la denuncia de Kauffman. Lo curioso es que el 19 de junio, un día después de la reunión de acuerdos, la jueza -que asumió hace pocos meses- solicitó el resumen de antecedentes y remuneraciones, paso previo al comienzo del trámite jubilatorio.