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En un escenario mundial económicamente complejo, es fundamental mantener, y más aún, contribuir al crecimiento de las PYMES. Y es obligación del Estado nacional, como así también de los legisladores nacionales, hacer lo posible para que eso suceda. Facilitar el acceso al crédito para promover el desarrollo económico con equidad social, es una de las principales razones estratégicas que busca la reforma de la carta orgánica. Porque de lo que se trata es de darle al Banco Central de la República Argentina (BCRA) herramientas para mantener el valor de la moneda, regular la cantidad de dinero, proteger la estabilidad financiera y financiar con créditos a tasas razonables.
Es por ese motivo que, desde el Gobierno Nacional y como consecuencia de la reforma de la carta orgánica del BCRA, se ha pedido a la banca privada que asigne el 5% de sus depósitos a créditos para PYMES; para fomentar el crecimiento productivo. Es lo que se está haciendo en Salta, donde se anunció el lanzamiento de créditos a 50 meses y con un 15% de tasa anual, por un monto de 200 millones de pesos.
Es un momento de optimizar recursos y ser coherentes con lo que venimos haciendo desde el 2003. ¿Y qué es ser coherentes sino que los fondos que corresponden a la justicia federal y nacional, sean depositados y administrados por una entidad pública nacional, como el Banco Nación? Porque esa es la idea: que las cuentas futuras correspondientes a la justicia federal y nacional, comiencen a ser administradas por el Banco Nación.
Hay que seguir pensando en el beneficio para la mayoría: los recursos judiciales, al generar colocaciones de largo plazo y a tasas pasivas razonables, posibilitan dar créditos a tasas competitivas de largo plazo. A diferencia de los depósitos tradicionales o incluso los plazo fijos, estos recursos son más estables en el tiempo, lo que permite diseñar políticas previsibles y estabilidad.
Al surgir de los juicios, cuya resolución demanda períodos generalmente medianos o largos; y además teniendo en cuenta el spred de tasas pasivas y activas (paga y cobra), que es de lo mejor en el caso de los depósitos judiciales, ya que se les paga una tasa relativamente baja y los recursos están mucho tiempo, entonces no hay descalce entre lo que tienen y lo que prestan las entidades financieras que los poseen.
Esta particularidad de los flujos de recursos judiciales, es la que hay que aprovechar para destinarlo a créditos que fomenten la industria nacional, pero sobre todo para que beneficien a las mayorías, como lo son las PYMES.