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La resistencia de un grupo de médicos uruguayos a practicar abortos por principios éticos o religiosos pone en riesgo el cumplimiento pleno de una de la ley que autoriza la interrupción del embarazo, una de las primeras de Latinoamérica.
El Parlamento uruguayo aprobó en octubre , gracias al apoyo del oficialismo, una norma que permite a la mujer abortar tras cumplir con una serie de requerimientos. Entre ellos se cuenta una entrevista con un grupo multidisciplinario de profesionales para ser informada sobre los riesgos de la intervención.
El procedimiento puede realizarse sólo durante las 12 primeras semanas de gestación. Pero, desde su reglamentación en noviembre , un 30 por ciento de los ginecólogos del país sudamericano dejaron constancia ante el Ministerio de Salud Pública su rechazo a realizar abortos .
"La formación que nos da la universidad es para curar y salvar vidas y sabemos muy bien que un aborto es un asesinato (...) Y en ningún caso un embarazo es una enfermedad", dijo la doctora María Lujan Chiesa.
Un relevamiento realizado por el Gobierno durante el primer mes de vigencia de la ley reflejó que se efectuaron 200 interrupciones de embarazo; en tanto entre un 10 y un 20 por ciento de las pacientes que consultaron desistieron de realizárselo.
Hasta ahora, las pacientes que no pudieron concretar abortos por oposición de los médicos debieron trasladarse a otras zonas del país para realizarlos.
La ley introdujo la posibilidad de que tanto médicos como centros privados de salud apelen a la objeción de conciencia para apartarse de la norma.
"Es el compromiso de conciencia con la labor que hacemos y que muchas veces hace que tengamos que anteponer los intereses genuinos de nuestros pacientes aún incluso por sobre nuestros puntos de vista", dijo recientemente el ministro de Salud uruguayo, Leonel Briozzo.
Con la nueva normativa, promovida por el gobierno de José Mujica , se busca otorgar mayores condiciones de higiene y seguridad para la atención de la mujer.
Un grupo de 100 médicos presentó además un recurso ante el Poder Ejecutivo contra el decreto que reglamentó la ley, alegando que no están de acuerdo con el procedimiento estipulado.