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El domingo pasado los vecinos de Rosario de Lerma amanecieron sin una gota de agua en sus canillas. Se inició allí un calvario que duraría hasta el jueves, cuando se reestableció el servicio. Hasta el martes, ningún funcionario habló del tema. El miércoles, cuando la solución estaba a la vista, los funcionarios responsables anunciaron que el servicio volvía, como si se tratara de una gran obra de Gobierno. Jamás hubo una admisión de errores o una justificación de la ineficiencia; solo el anuncio de la solución con bombos y platillos.
Ejemplos como este abundan. El Gobierno provincial cree por estos días que la realidad se construye con el discurso de los funcionarios. Y a partir de allí busca convencer a la opinión pública de sus virtudes.
Así, la intervención de hecho del municipio de General Mosconi fue presentada esta semana como “asistencia técnica”, pese a que ahora el intendente Albarracín debe consultar a los técnicos designados desde el Grand Bourg antes de tomar cualquier decisión. Para peor, al frente de la intervención quedó el secretario de Asuntos Municipales Marcelo Cil, un funcionario sobre cuya probidad y transparencia muchos intendentes y funcionarios plantean profundas dudas.
Algo similar ocurrió con el desborde del río Pilcomayo. “Lo peor ya pasó” afirmó el gobernador Juan Manuel Urtubey, intentando así minimizar la situación. Pero mientras el mandatario usó el helicóptero de la provincia para ir y venir dos días seguidos desde Santa Victoria Este a la capital, los pobladores de varios parajes estuvieron el mismo tiempo con sus casas bajo el agua, sin recibir siquiera una botella de agua potable. Muchos menos fueron trasladados a zonas más altas, tarea para la que el helicóptero es especialmente útil.
El gobernador también participó el viernes junto a la Presidenta del lanzamiento de un plan que prevé la construcción en Salta de 1.450 nuevas viviendas. Sus funcionarios se preocuparon en resaltar la “fuerte inversión” del Gobierno en esa materia y señalaron que están en ejecución una cantidad récord de casas. Lo que no se dijo es que mientras la Nación destinará este año a viviendas en Salta más de 400 millones de pesos, el presupuesto provincial prevé para ese destino apenas 45 millones. Tampoco se dijo que las viviendas en ejecución son récord porque aún no se terminaron las que fueron licitadas y adjudicadas en 2007, como las ubicadas a un costado de la ruta a San Lorenzo. Es difícil encontrar mejor prueba de ineficiencia.
Habrá que estar atentos a cómo se justifica ahora el obsceno intento del Ejecutivo por retener el control del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (Ippis). Allí una mayoría de cinco de nueve vocales eligió presidente al guaraní Enrique Arello. Pero el expresidente y operador oficial Indalecio Calermo, reunió a los otros cuatro vocales e hizo elegir al toba Demy Sosa como presidente de la minoría. Eso si, se preocupó que al acto asistiera el secretario de Gobierno, Oscar Rocha Alfaro, intentando así legitimar la irregular elección. ¿Qué dirá ahora el discurso oficial?