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La condena a los reiterados ataques del gobierno de Juan Manuel Urtubey y sus funcionarios a El Tribuno ya trascendieron las fronteras del país. En Denver, Colorado, en los Estados Unidos, cientos de directores de medios de comunicación de todo el continente americano tomaron conocimiento del caso y acordaron expresar su rechazo a esas prácticas descalificatorias e intimidatorias.
Durante la jornada de ayer y en el marco de la 69º Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se desarrolla en esa ciudad norteamericana, el director de El Tribuno, Sergio Romero, brindó detalles sobre las agresiones sufridas por este medio, que incluyen falsas acusaciones de tener vinculaciones con el narcotráfico, de manejar patotas y de extorsionar a funcionarios públicos.
En su exposición, Romero agradeció en primera instancia a la SIP su solidaridad para con El Tribuno. Cabe recordar que en setiembre pasado la institución realizó una “severa advertencia” al gobernador Urtubey en relación con sus acusaciones difamatorias y las de sus colaboradores.
En esa oportunidad el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, invitó a Urtubey a través de una carta a “no extender descalificaciones difamatorias con el objetivo de desprestigiar y restar credibilidad a un medio de comunicación” y le reclamó que “se garantice el pleno derecho a la libertad de prensa y se incentive la tolerancia ante informaciones, opiniones o críticas periodísticas”.
Sergio Romero repasó a continuación las acciones de hostigamiento que llevó adelante el gobierno provincial para intentar desacreditar a El Tribuno e instalar en la sociedad la idea de que el diario miente.
Los ataques
El director de este medio detalló que a partir de la publicación de notas que reflejaban graves problemas en la educación y la salud, el acceso a la vivienda y la falta de empleo, el Gobierno emprendió una campaña destinada a desacreditar al diario.
Los ataques comenzaron en 2011. En mayo de ese año, cuando dos oficiales policiales de alto rango fueron detenidos en un operativo que incluyó drogas, tráfico de dinero y torturas contra detenidos, el gobernador Urtubey quiso eludir cualquier responsabilidad vinculando a este medio con el narcotráfico, pese a que las permanentes denuncias de El Tribuno sobre el avance de ese flagelo en la frontera norte de la provincia. El exministro de Gobierno y actual diputado nacional, Pablo Kosiner, se sumó a los ataques del mandatario.
Poco después, tras un informe sobre la falta de patrulleros en todo el territorio provincial, la Policía de Salta emitió un comunicado donde acusó a El Tribuno y de alentar ‘a los malechores” (sic), de dar una “opinión antidemocrática y tendenciosa” y de “provocar desestabilización social”. Sin embargo, en ningún momento desmintió la información.
En mayo de este año, la irritación por la publicación de una foto de Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, haciendo campaña electoral a bordo del helicóptero provincial, llevó el agravio al extremo. Urtubey insistió entonces en intentar vincular a El Tribuno con el narcotráfico y declaró que se sentía víctima de “una maniobra extorsiva con tintes mafiosos” de parte del diario. A tono con esa afirmación, el diputado nacional Pablo Kosiner afirmó que “el diario es vocero de la estrategia de los narcotraficantes”.
Unánime condena
Las diferentes situaciones planteadas por Sergio Romero preocuparon a los directores de medio presentes en la Asamblea, quienes accedieron a que el caso forme parte del documento final de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, que se hará público el próximo miércoles. “La defensa de la libertad de prensa es un valor al que no estamos dispuestos a renunciar” expresó el director de El Tribuno al concluir su intervención.
Para la SIP, la Argentina es uno de los países que se encuentran en peor situación en materia de libertad de prensa.
Preocupación por la situación de la prensa en Argentina
El diario El Tribuno es uno de los 18 casos de medios que fueron atacados o descalificados por parte de autoridades o funcionarios, que la delegación de la Argentina presentó ayer ante la Sociedad Interamericana de Prensa, en la asamblea general que se realiza en Denver, EEUU.
En la exposición realizada por el director Sergio Romero se presentaron en detalle los agravios y descalificaciones recibidas por El Tribuno de parte del gobernador Juan Manuel Urtubey y algunos de sus colaboradores.
Junto a este caso, en el informe argentino también se incluye un ataque con bombas molotov contra una empresa distribuidora de diarios en Santa Fe; la detención ilegítima de un equipo periodístico del diario Día a Día de Córdoba; un incendio intencional a la radio Génesis de Ingeniero Juárez, Formosa; un ataque con disparos a la sede de Cablevisión, del Grupo Clarín, etc.
El informe aludió también al cepo publicitario para medios críticos, la ley de medios, el reparto de la publicidad oficial, la ley de mercado de capitales y las agresiones al periodismo.
El informe de la delegación argentina fue una de las que más preocupación generó en la SIP, por la reiteración de “obstáculos, amenazas y ataques” que durante el último semestre “condicionaron el desarrollo de la actividad periodística”.