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Accidentes, vidas en peligro, robos, venta de drogas. Son algunas de las situaciones más reiteradas por las que se pide ayuda al 911. La demoras para resolver cada caso ponen al sistema frente a cuestionamientos repetidos pero el Gobierno de la Provincia salió a asegurar que la Policía tarda 13 minutos en llegar al lugar de las emergencias. Hay unas 6.000 llamadas diarias.
Fuentes internas del 911 señalaron a este medio que los procesos para atender las comunicaciones son burocráticos y que la falta de móviles complica la asistencia.
“Un civil recibe la llamada y se la pasa a un policía, que recién entonces averigua si hay un auto disponible para ir al lugar. Como en las comisarías de los barrios hay pocos vehículos, es imposible llegar a tiempo a muchos puntos. Se generan muchas tardanzas por más que sumen cámaras y otra tecnología”, describió el informante.
Consultado sobre el tema, el ministro de Seguridad Eduardo Sylvester dijo a El Tribuno que el tiempo promedio de respuesta no supera los 13 minutos. El funcionario sostuvo además que la demora bajó a 9 minutos para los casos que se detectaron por medio del sistema de videovigilancia que comenzó a funcionar hace un mes.
El coordinador general del 911, Juan Guzmán Cieri, justificó además la forma en que se distribuyen las tareas. Argumentó que se busca clasificar las situaciones de acuerdo al riesgo y agilizar el trabajo.
“El primero en contestar debe decidir si se trata de una emergencia. Muchas de las comunicaciones son para pedir información. Un policía no puede estar contestando todo eso”, manifestó Guzmán Cieri.
En la sede del 911, los operadores se dividen en civiles que dan la primera respuesta, uniformados que se deben ocupar de enviar personal a donde hay urgencias y psicólogos que ofrecen contención.
Una versión interna también indica que los problemas para actuar a tiempo generaron tensiones entre los policías y los demás trabajadores del centro operativo. El ministro Sylvester descartó de plano esta posibilidad. “Eso es totalmente falso”, indicó el funcionario.
Sobre los recursos que existen para las emergencias, Sylvester respondió que toda la estructura de la Policía de la Provincia está disponible. “Hay 700 móviles, cuando en 2007 eran 326. A eso se suman 9.666 efectivos. Es un error creer que el sistema no va a funcionar porque no haya auto en una comisaría”, declaró.
Uno de los últimos planteos serios sobre la efectividad de la estructura surgió la madrugada del 17 de agosto, cuando acuchillaron a un joven a la salida de un boliche en la zona de la calle Balcarce. Alguien alertó al 911 a las 3.24, pero la asistencia médica demoró más de 20 minutos según relataron testigos.
La línea recibe un promedio diario de 6.000 llamadas, pero solo un 30 por ciento tiene que ver con verdaderas urgencias. El resto se divide entre pedidos de información, denuncias que se podrían hacer en una comisaría y bromas.
Las cámaras y el alcohol
El sistema de videovigilancia que la Provincia contrató por unos 54 millones de dólares sirvió, en su primer mes, para que la Policía interviniera ante el consumo de alcohol en las calles según informó el Ministerio de Seguridad.
Las reuniones con bebidas en la vía pública estuvieron entre las principales situaciones que se detectaron por medio de las filmaciones que observan unos 25 operadores.
El ministro de Seguridad Eduardo Sylvester informó que el control por video permitió registrar, en total, 17 casos que derivaron en actuaciones policiales cada día.
Los problemas más reiterados que se descubrieron con las cámaras, según se difundió, fueron: “consumo de alcohol en la vía pública, sospechosos, contravenciones, personas en riesgo, venta de droga, prostitución, desorden y accidentes de tránsito”.
La Policía de Salta hace unos siete procedimientos diarios por drogas, pero Sylvester aseguró que el objetivo principal de las cámaras de monitoreo no es investigar este tipo de casos.
Las zonas donde se registraron más situaciones de riesgo fueron el Monumento a Gemes, el microcentro y el área de la terminal.
El sistema de US$ 54 millones
La Provincia contrató un sistema de videovigilancia y conectividad que costará unos 54 millones de dólares. Por este convenio, en la Capital se instalaron 209 cámaras de seguridad. Sin embargo, aún faltan 891 en toda la provincia.
El Gobierno eligió en 2012 a la empresa Telmex para que pusiera a funcionar 1.100 equipos de filmación. Por el servicio, el Estado se comprometió a pagar un monto inicial de 6,5 millones de dólares más 790.000 dólares mensuales por mes durante cinco años.
Cuando se anunció el contrato con Telmex, se hablaba de que el sistema se terminaría de implementar en agosto de 2013. Sin embargo, y pese a los montos que cobrará la empresa, no está claro cuánto pasará hasta que coloque toda la tecnología contratada.
El ministro de Seguridad Eduardo Sylvester dijo que este año se seguirían instalando equipos en la Capital y que el año que viene se avanzará en el interior.
El funcionario sostuvo que hubo demoras por las trabas a las importaciones y consideró que los plazos no son lo más importante.
Como parte de las prestaciones, Telmex también debía garantizar internet gratuito en unas cien plazas y conectividad entre 2.000 organismos públicos.
El secretario ejecutivo de la Coordinación de Gabinete de Ministros, Alejandro Cornejo D'Andrea, es el responsable de controlar la puesta en funcionamiento de las cámaras y aseguró que Telmex cobrará solo por los servicios efectivamente prestados. Esto implica que un retraso habilita a la Provincia a pagar menos de lo convenido.
Eduardo Sylvester remarcó que, en promedio, a la Policía le tomó unos 9 minutos llegar a los lugares donde se captaron imágenes de conflictos, un 30 por ciento menos que cuando el caso se conoce por una llamada al 911.