El polémico rumbo que tomó el proceso de selección del nuevo defensor del pueblo, ante la decisión dividida del Concejo de modificar las bases y plazos de un concurso de antecedentes que tenía 22 candidatos anotados en tiempo y forma, ya ocupa a la Corte salteña con el primer reclamo judicial.
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El polémico rumbo que tomó el proceso de selección del nuevo defensor del pueblo, ante la decisión dividida del Concejo de modificar las bases y plazos de un concurso de antecedentes que tenía 22 candidatos anotados en tiempo y forma, ya ocupa a la Corte salteña con el primer reclamo judicial.
El juez Federico Cortés no hizo lugar a la medida cautelar que uno de esos aspirantes, Ernesto Victorino Solá, pidió contra la reapertura de las postulaciones cerradas hace un mes, por lo que el abogado Fernando Chamorro interpuso un recurso de apelación. Y probablemente no será el último que llegue a la Corte, si se confirma, como se presume, que la mayoría oficialista del cuerpo legislativo municipal cambió las reglas para poner a Martín Avila como ombudsman de la ciudad de Salta.
La denuncia excede al currículum del concejal que renunció a poco de finalizar su mandato, ya que tiene antecedentes para aspirar al cargo que dejó Alvaro Ulloa en agosto. El cuestionamiento pasa por el descrédito institucional que acarreará una designación que para medio Concejo y los aspirantes obligados a repetir su postulación viene “cantada”.
Las inscripciones se reabrieron hasta hoy y se permiten nuevos postulantes, además de los que se habían anotado hasta días antes de las PASO provinciales del 6 de octubre.
En esas primarias Avila y otros concejales vieron desvanecidas sus chances de repetir un cargo electivo. Ediles de la oposición, como Raúl Medina y Socorro Villamayor, denunciaron que el Concejo cambió las reglas parar imponer a dedo a alguno de los que perdieron en las PASO.
Hoy, con el listado final de nuevos postulantes, las cosas quedarán más claras. Antes la Corte podría expedirse sobre la medida cautelar que pidió Solá. El veterano dirigente radical que impulsó proyectos pioneros de la creación del defensor del pueblo como concejal (1984), convencional constituyente (1986) y diputado provincial (1987), no es el único que se siente “defraudado”. Otro postulante, Federico Nuñez Burgos, afirmó que el Concejo incurrió en una “grosera violación al estado de derecho y al orden constitucional vigente. Abrir nuevamente la convocatoria, para que puedan inscribirse legisladores que no fueron favorecidos por el voto popular en las elecciones, ha viciado el proceso”, sostuvo.
Otro candidato, el exconcejal Marcelo Oliver, remarcó que “semejante desprolijidad desvirtúa la esencia misma del cargo a cubrirse”.
El dato
Hoy al mediodía se cierra el plazo para las nuevas postulaciones y empezarán a despejarse las dudas que sembró el Concejo.