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La embajada argentina en Gran Bretaña informó que envió más de 200 cartas a empresas involucradas en la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, previo a la reciente sanción de la ley que establece sanciones penales.
Así lo indicó ayer Presidencia, en medio de la polémica por el rechazo de Londres a la ley aprobada esta semana en la Cámara de Diputados, que establece multas a petroleras que operen en la zona de las islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.
Mediante un comunicado distribuido en el Reino Unido, la Embajada, a cargo de Alicia Castro, recordó que ya había enviado más de 200 cartas a empresas involucradas directa o indirectamente, advirtiéndoles que son susceptibles de acciones administrativas, civiles y penales, de acuerdo con las leyes que rigen este tipo de actividades, incluidas las de protección ambiental.
Constantes rechazos
“El Gobierno argentino ha protestado y rechazado todos los intentos del Reino Unido para promover y autorizar este tipo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina”, indicó el texto traducido del inglés y difundido a través del portal oficial de Presidencia.
Ratificó, además, que “estos intentos son manifiestamente contrarios a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta al Reino Unido y a la Argentina a que se abstengan de adoptar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las islas Malvinas, mientras que la disputa de soberanía entre los dos países continúe pendiente”.
La nota de la sede diplomática subrayó que la posición argentina es apoyada por los países del Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de Países de América del Sur y Países Arabes (ASPA), y el
G-77 más China.
La ley prevé penas de prisión de hasta 15 años; multas equivalentes al valor de mercado de 1,5 millones de barriles de petróleo, la inhabilitación de las personas y las empresas para operar en Argentina, y el decomiso de los equipos e hidrocarburos que se hubiesen extraído ilegalmente.