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Los municipios salteños viven un clima de final de fiesta. Los años de abundancia, en los que la disponibilidad de recursos permitió agrandar la planta de personal, sumar contratos y embarcarse en gastos de todo tipo parecen haber llegado a su fin. El sostenido avance de la inflación se ha convertido en un peso difícil de llevar para los intendentes, que simultáneamente contemplan como se van cerrando -o al menos haciéndose más inaccesibles- las otrora generosas arcas del Gobierno provincial y sobre todo del Gobierno nacional. Sabido es que en la gran mayoría de los municipios los recursos propios representan una porción pequeña de los ingresos, y que “la plata fuerte” es lo que llega a través de la coparticipación, los fondos de la descentralización, las regalías (en unos pocos municipios) y los envíos extraordinarios de Nación. Y en 2012, todos ellos, sin excepción, crecieron por debajo de la inflación (obviamente no la del Indec).
Frente a recursos cada vez más escasos quedan dos alternativas: o se achican los gastos o se aumentan los ingresos. Y en un año en el que las elecciones imponen a los intendentes mostrarse activos en la gestión de Gobierno, muchos eligieron la segunda opción, aunque ello signifique trasladar el costo de su propio futuro a los contribuyentes.
Esta semana tomaron estado público las quejas de los contribuyentes de Cafayate y de la Capital. En el primer caso, el intendente Fernando Almeda aplicó una suba del 1.000% en los impuestos municipales. La explicación oficial no anduvo con rodeos: los tributos no se actualizaban desde 2002 y se necesita plata para hacer obras. Punto.
En Salta, por su parte, se dio un hecho curioso. La unidad tributaria, que es el patrón de medida de los tributos municipales, aumentó poco más de 25%, al pasar de 3,10 pesos a 3,90 pesos. ¿Porqué hubo una reacción tan airada de los contribuyentes si ese porcentaje refleja, en buena medida, la inflación del año pasado?
Ocurre que, en simultáneo, y para optimizar la recaudación, el Ejecutivo municipal tomó dos medidas. Por un lado, recategorizó los catastros de amplias zonas del macrocentro, Grand Bourg, parte de Tres Cerritos y los principales countries de la ciudad. Y por el otro, incluyó en las boletas de Edesa al Impuesto Inmobiliario, que registraba niveles de recaudación muy inferiores a la Tasa General de Inmuebles (TGI), que se pagaba junto con la electricidad. La combinación de aumento, recategorización e inclusión en la boleta de electricidad fue explosivo. Pero desnudó también la actitud de muchos salteños que se niegan a pagar sus impuestos, aún teniendo la capacidad económica para hacerlo.
En todo caso, Salta y Cafayate corrieron mejor suerte que General Mosconi, intervenida de hecho por el Gobierno provincial, aunque su intendente insista en negarlo. En ese caso, la herramienta para poner los números en caja fue el ajuste, aplicado sin anestesia por los enviados del Grand Bourg.
El rigor de las actuaciones en Mosconi contrasta con la benevolencia del Gobierno provincial con otros municipios en dificultades. Es que no todos los intendentes son lo mismo, aunque prácticamente todos ya asumieron que se vienen tiempos difíciles y que tienen que ponerse en caja si no quieren terminar pagando los costos de la fiesta.