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Al cierre de esta edición, la Argentina se apresuraba a homologar en el Congreso un acuerdo histórico con la República Islámica de Irán, el régimen que amenazó con borrar del mapa a Israel y que no solo no reconoce
la existencia del Holocausto, que fue la mayor masacre que tuvo la humanidad toda, sino que directamente no reconoce el derecho a existir del pueblo judío. Además, para la Justicia argentina, Irán tuvo responsabilidad en el atentado que en 1994 derribó la sede de la AMIA en Buenos Aires matando a 85 personas. De hecho, existen ocho imputados en la causa que son ciudadanos iraníes, uno de ellos es el actual ministro de Defensa ,
Ahmad Vahidi. Aunque todos tienen pedido de captura internacional, el gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad nunca colaboró para que pudieran ser interrogados en tribunales argentinos. Ahora, el Estado
acusado de terrorista por la Argentina podrá acceder a las 200 mil fojas de un expediente al que siempre se le negó el acceso, bajo la promesa de poner a los acusados ante jueces argentinos.
En estos días, el diario iraní Teheran Times informó que las audiencias de la Comisión de la Verdad serán en Teherán, que prevalecerá la ley de Irán y que un juez de esa nación será quien presida la reunión. “El juez argentino, Rodolfo Canicoba Corral, no podrá interrogar a los acusados, dado que la ley iraní dice sus nacionales sólo pueden ser interrogados ‘por una corte competente iraní basada en fuerte evidencia”, le dijo Pablo La
nusse, jurista contratado por la DAIA al diario La Nación.
Irán, todavía no le ha demostrado al mundo que su potencial nuclear no será utilizado con fines bélicos, aunque sí declaró que a Israel “hay que borrarlo del mapa”. Según Naciones Unidas, más de 600 personas fueron
ejecutadas en Irán sin un proceso judicial debido, solamente en 2011. Se gún su código penal el valor de la vida de una mujer vale exactamente la mitad que la de un hombre, en los casos en que la muerte se cubre con un
resarcimiento económico. Solo durante febrero de este año se denunció:
* los líderes opositores Hossein Mossavi y Mehdi Karoubi cumplieron dos años en arresto domiciliario junto con sus familias;
* las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una redada en las redacciones de cinco periódicos y arrestaron a diecisiete reporteros;
* la ONU pide frenar la ejecución de cinco activistas de la minoría árabe ahwazí, fundadores de un instituto científico y cultural, condenados a muerte por cargos de “propaganda contra el gobierno, enemistad con
Dios y corrupción en la tierra”.
Con estos antecedentes, el Gobierno Nacional, el mismo que en cada encuentro internacional hace auto-referencia de sus políticas de derechos humanos, presentó el memorando de entendimiento el 27 de enero en
Etiopía. Con tanto mal gusto que es justo la fecha que recuerda internacionalmente el Holocausto provocado por otro régimen fundamentalista: el nazismo. Muchos integrantes de la comunidad judía se preguntaban
porque en el día del Holocausto la Argentina firmó un pacto con el Estado que no reconoce su derecho a existir y que está acusado de perpetuar un atentado en suelo argentino, actuando siempre de obstáculo para al
canzar la verdad. “Es repugnante”, dijo a El Tribuno Guillermo Borger, presidente de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. El acuerdo habilita a las autoridades judiciales argentinas a ‘interrogar‘ en Teherán a cinco de los ocho imputados iraníes -sobre los que pesan órdenes de captura internacional-, acusados de estar vinculados con la causa, y dispone la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales con el propósito de analizar la documentación en manos de los jueces y de realizar un informe “no vinculante”‘ sobre lo que se considere. Irán no tiene ley de extradición, por lo que los acusados nunca pisarán una cárcel argentina y algunos le cuesta creer que el régimen islámico entregue a su ministro de Defensa, con aspiraciones presidenciales. Además, el vocero del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Ramin Mehmanparast, negó ante la televisión estatal de su país que el tratado permita que se interrogue a estos funcionarios.