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Solo alguien con un alto grado de ingenuidad puede pensar que la reforma judicial es una ampliación de derechos.
Más allá de las intenciones reales que persiga para hacerlo, la reforma judicial que impulsa el Gobierno volvió a dejar a la oposición en una incómoda postura a solo tres meses del cierre de listas. Será difícil rechazar abiertamente que los ciudadanos ejerzan el voto popular para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura o que los jueces paguen impuesto a las Ganancias, independientemente del debate jurídico que eso ya esté trayendo. Votar, se sabe, es la principal herramienta de la democracia, aunque no la única. Algo parecido pasó durante el debate sobre el voto a los 16: pese a las dudas sobre la constitucionalidad de medida, y de que había una fuerte desconfianza sobre su utilización, fueron pocos los que no levantaron la mano para votarla. En tiempos electorales, todo se piensa dos veces.
Solo alguien con un alto grado de ingenuidad puede pensar que la reforma judicial es solo una supuesta ampliación de derechos que nada tiene que ver con una lucha de intereses actual. La relación entre la Casa Rosada y la cúpula del Poder Judicial está tiñendo hace más de tres años todos los actos de la política argentina. Si bien este enfrentamiento sin cuartel no es algo nuevo durante el kirchnerismo, se profundizó dramáticamente tras el freno en la aplicación de la ley de medios. De hecho, dentro del proyecto enviado por Cristina hay un punto que busca explícitamente limitar las medidas cautelares. Esa herramienta no molestaba al Gobierno antes de la ley de medios; ahora sí, y mucho.
La ausencia masiva de funcionarios en la apertura del año judicial hace prever tiempos de suma tensión entre el Ejecutivo y el conjunto de los magistrados. Tal es así que hay en la Justicia una corriente de sumo apego al kirchnerismo encabezada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Para ella, vestida más en un rol de militante que de jurista profesional, la Justicia actual es “corporativa y oscurantista”. Se desconoce si allí incluyó también al polémico juez Norberto Oyarbide, siempre dispuesto a darle una mano al Ejecutivo en causas de suma sensibilidad política.
La confrontación directa con la Corte Suprema, una de las más prestigiosas de América Latina, pone a la Presidenta en un lugar complejo. Atacar a esos magistrados es también atacar una de las medidas más emblemáticas del kirchnerismo en la última década. Esa Corte fue la que declaró constitucional a la pesificación, en una gran mano al oficialismo, y la que ratificó el 82 por ciento móvil para los jubilados. Tener una Corte independiente como la actual es todo mérito de Néstor Kirchner, quien podría haber reemplazado a los jueces de Carlos Menem por otros cercanos a él.
La división entre kirchnerismo y antikirchnerismo que predomina entre las familias y los partidos políticos se intenta llevar también al plano judicial. Ese sería un error garrafal, ya que los jueces tienen la obligación de analizar la constitucionalidad o no de las normas independientemente de quien las esté violando.
Es evidente que algunos procesos judiciales están siendo poco consecuentes con la realidad argentina. Los funcionarios siguen teniendo un enorme amparo judicial y las causas muchas veces se demoran años en resolverse. Cristina habló de ese punto durante su larguísimo discurso. El caso paradigmático es el de Marita Verón, donde diez años después la Justicia liberó a todos. Allí no hubo un problema de procedimiento ni de ley, sino de una grotesca impericia a la hora de la investigación.
El mensaje subliminal
Pese a que el mensaje pudo haber sido contundente para muchos, cuando Cristina dijo que la reforma judicial no sería una excusa para reformar la Constitución, volvió a dejar abierta una puerta a la posibilidad de la re-reelección. La jefa de Estado, tal como lo hacía su esposo, sigue jugando al gato y al ratón en relación con la sucesión presidencial. Cristina pudo haber sido explícita: “No habrá reforma constitucional ni para esto ni para impulsar la re-reelección”. No lo dijo, y la posibilidad sigue estando más latente que nunca.
Es muy probable que la Presidenta ya tenga decidido que no se someterá al desgaste de un proceso re-
reeleccionista, pero blanquearlo a tanto tiempo de 2015 solo le hará perder poder ante sus adversarios. Eso, si bien es algo de manual, tiene riesgos muy altos: el kirchnerismo sigue sin instalar un eventual sucesor que no sea Daniel Scioli, repudiado por la cúpula mayor de los K.
Quizás Cristina buscó alivianar esa sensación de que en octubre se vota a favor o en contra de la re-reelección. Esa es una estrategia muy bien instalada por la oposición, que sabe que más del 60 por ciento de la gente no apoyaría una avanzada de ese tipo. Igual, los números nunca son para el kirchnerismo un elemento definitivo: el acuerdo con Irán se aprobó en tiempo récord pese a que más del 80 por ciento de la comunidad judía lo rechaza.