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La Iglesia criticó hoy en duros términos el proyecto de la presidenta Cristina Fernández para reformar la Justicia y advirtió que la politización de los jueces es “inadmisible” porque “conspira contra la neutralidad” que debe exigírseles a los magistrados.
La Comisión Nacional Justicia y Paz, dependiente del Episcopado, recordó que en un sistema republicano los gobernantes están al servicio de la ley y no las leyes al servicio de ‘los apetitos o deseos de quienes gobiernan‘, al aseverar que ‘la independencia de los jueces es la única garantía para que eso se cumpla‘.
‘La politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria‘, sostuvo en una declaración ante el debate planteado por la primera mandataria en la asamblea legislativa.
‘Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia‘, subrayó.
El organismo eclesial dijo que ‘los argentinos debemos aprender a convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo a aniquilar, sino un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, y no del todo o nada‘.
Asimismo, señaló que ‘una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias‘.
‘Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más necesitados. En la Argentina, en general solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad‘, explicitó.
Tras asegurar que ‘la lentitud de los procesos judiciales, afecta en mayor medida a quienes no tienen tiempo ni recursos para aguardar su resultado‘, estimó que ‘después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar‘.
La Comisión se pronunció también en contra de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, por considerar que convertirá ‘a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias‘.
‘Antes que reformar el Consejo, lo que urge es que éste cumpla cabalmente sus funciones, convocando o acelerando los concursos a su cargo‘, reclamó.
El organismo exigió al Poder Ejecutivo llenar ‘las decenas de vacantes de jueces que hoy existen pese a que los concursos correspondientes estén terminados hace mucho‘.