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El jueves pasado la presidenta Cristina Kirchner encabezó en la Casa Rosada un acto en el que promulgó las leyes de régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares y la que castiga a quienes promueven el trabajo de menores de edad, algo que “nos debíamos todos los argentinos”, destacó. La mandataria aprovechó la ocasión para renovar sus críticas al sistema judicial, en este caso, por haber permitido que durante seis décadas rigiera un estatuto (356/56, sancionado por el régimen que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955) para el personal doméstico que sostenía serias diferencias entre esa actividad y el resto de los trabajadores. Según dijo, esa normativa impedía que esa actividad estuviera alcanzada por los artículos 14 bis, 16 y 28 de la Constitución. “Con tanto camarista suelto, tanto juez titular, tanto subrogante revoleando medidas cautelares, a ninguno se le ocurrió declarar inconstitucional este decreto que condenaba a esas mujeres”. Quizá a alguien se le ocurrió, pero lo descartaron; seguramente eran hombres que conocían el derecho argentino y no inventaban una quimera legislativa a su placer.
Hay que tener audacia para decirle la verdad a los poderosos. Solo el humor puede -eventualmente- permitir superar el mal trance, como lo hizo Francisco de Quevedo cuando llamó “coja” a la primera esposa de Felipe IV de España, la reina doña Isabel de Borbón (que, obviamente, era renga). Quevedo apostó a sus amigos que él tendría el valor de decirle dicho insulto a la cara. Compró Quevedo dos ramos de flores: uno de claveles blancos y otro de rosas rojas, y se presentó ante la reina en la plaza pública en la que esta se encontraba. Con una cortés reverencia, Quevedo extendió los brazos ofreciéndole a la reina los dos ramos de flores, uno sujeto en cada mano. A continuación Quevedo recitó a la reina los dos versos que harían que sus amigos le pagasen la cena de la apuesta. Y dijo así: “Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja”. “Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja”.
Hay que decirle la verdad a la Presidenta: Cristina, usted más que abogada es una eximia poetisa. Tal como lo advertía Jean Giraudaux: “No hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar la ley. Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan la verdad”. Dos de los más grandes juristas del siglo pasado, el argentino Carlos Cossio y el austríaco Hans Kelsen eran abogados y poetas, pero nunca confundieron sus roles. De manera que de abogados y poetas todos tenemos un poco; pero, en las artes de la poesía, utilizando otro calambur de Quevedo, confieso, estimada Dra. Kirchner: “entre tu arte y mi arte, prefiero mi-arte”.
Justicia laboral en el banquillo
Si durante 6 décadas no se decretó la constitucionalidad del estatuto del servicio doméstico, es porque el bloque de legalidad que adoptamos los argentinos no lo consentía. En todo caso más inconstitucional es el artículo 14 bis en el que usted se apoya, ya que fue sancionado durante la misma dictadura militar con todos los vicios que implica tal convocatoria, sumada a la absoluta proscripción de su propio (¿?) partido: el peronista.
Sorprende el ataque presidencial sobre un foro que se ha caracterizado por su carácter progresista. En la Justicia nacional una amplia mayoría de los jueces laborales han sido nombrados con el beneplácito del matrimonio Kirchner. En cuanto a defensa de los trabajadores, bastaría preguntarle a cualquier empresario, que cree descubrir en todo juez laboral una especie de Robin Hood reencarnado, que asalta a los ricos para distribuir lo robado entre los pobres.
Miguel de Cervantes decía: “¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías?” Esa supuesta negligencia de los jueces durante décadas, en todo caso, es culpa de los “abogados exitosos” que nunca hicieron tal planteo o de los grandes juristas del derecho del trabajo, que, aún en sus vertientes más pro-
obreristas, jamás defendieron tal idea. También hubiera sido digno admitir que de los sesenta años mencionados, una década se perdió desde el 2003 cuando Néstor Kirchner anunció la reforma del Estatuto, que recién se concreta ahora. Justo es reconocer que la legislación laboral K ha tenido muchos e importantes avances positivos en favor de los trabajadores. Pero aquí advertimos también una incongruencia: ¿cómo podemos imputarle a la Justica una morosidad que básicamente recae sobre los otros poderes? Legislar es función primordial del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo tiene el deber participar en la formación de las leyes, incluso con el bastardeado instrumento de los decretos de necesidad y urgencia (parecería que el estatuto no fue necesario ni urgente para los presidentes del último medio siglo). La inconstitucionalidad, bien saben los estudiantes de Derecho, es la “ultima ratio”, casi un recurso desesperado para enmendar la falencia de los otros poderes.
La jefa de Estado consideró que si la Justicia no hizo nada en todo este tiempo es porque no es igual para todos. “Para los invisibles y los pobres no hay ni cautelares ni inconstitucionalidades”, denunció. ¿Qué quiso decir la primera mandataria con los “invisibles”? Seguramente se refirió al Indec, para el que prácticamente los pobres son invisibles. Carpe diem.
La inconstitucionalidad es la “ultima ratio”, casi un recurso desesperado para enmendar la falencia de los otros poderes.
Hay que tener audacia para decirle la verdad a los poderosos. Solo el humor puede -eventualmente- permitir superar el mal trance.