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El juez Sebastián Casanello, que había rechazado su competencia en el caso, deberá investigar si el empresario kirchnerista Lázaro Báez y otras personas integran una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y fuga de capitales.
Así lo resolvió hoy la Cámara Federal porteña, al decidir sobre la controversia desatada entre Casanello y su par Rodolfo Canicoba Corral, pues ninguno de los dos jueces quiso asumir la investigación y la rechazaron.
El juez Casanello ya le pidió al fiscal federal Ramiro González que dictamine si impulsa la investigación -lo que se prevé que resuelva mañana- y le dio intervención en la causa a la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de la Procuración General de la Nación, que está bajo la órbita de la jefa del Ministerio Público, Alejandra Gils Carbó, "para no entorpecer el curso de la investigación", informaron fuentes judiciales.
El camarista Martín Irurzun firmó la resolución adjudicando el expediente número 3017/13 a Casanello para "la mejor y más pronta administración de justicia" y fundamentó su decisión en "la fecha impuesta en el cargo", o sea la primera denuncia penal recibida en los juzgados federales.
"Por tal razón, y vistas las constancias obrantes de este legajo, deberá ser el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, el que prosiga el trámite de estos actuados", concluyó Irurzun, presidente de la Cámara Federal.
Así Casanello -quien asumió en el cargo en octubre pasado- acumulará todas las denuncias que ingresaron para que se investigue lo que reveló el programa de Canal 13 "Periodismo Para Todos" respecto al presunto lavado de dinero de fondos públicos en el que se involucra a Báez, al financista Leonardo Fariña y al propio ex presidente Néstor Kirchner, entre otros.
Habitualmente, cuando hay dos denuncias similares la investigación queda en manos del juez que recibió la primera o del que más avanzada tenga la instrucción. Aquí las presentaciones fueron casi simultáneas y ninguno de los jueces tuvo oportunidad de pedir medidas.
La primera fue realizada en el juzgado federal de Julián Ercolini por la diputada Elisa Carrió, que, con el video del programa, dijo que esa prueba ampliaba una vieja denuncia suya por asociación ilícita contra Kirchner, el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y los empresarios Cristóbal López y Báez.
Ercolini interpretó que ese video era un hecho nuevo, no relacionado con aquella investigación, y la envió a la Cámara para su sorteo.
El expediente quedó en manos de Casanello, pero entre la presentación de Carrió y el sorteo de la Cámara hubo otra denuncia, del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, adjudicada a Canicoba Corral.
Una tercera denuncia, a cargo del titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, fue adjudicada por a Casanello.
Canicoba Corral había dicho que "muy probablemente" la competencia se fuera a resolver entre él y Casanello, lo que finalmente ocurrió.
A esto se sumaron dos presentaciones sobre las cuales no hubo novedades aún: la de los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña ante el fiscal Carlos Stornelli -para que impulse una investigación-, y la de otro grupo de diputados ante la PROCELAC, a cargo de Carlos Gonella.