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Primer impulso judicial en la causa por presunto lavado de dinero. El juez Sebastián Casanello quedó a cargo de las causas contra Lázaro Báez y comenzó a moverlas.
Antes de ser confirmado en la causa por el presunto lavado de dinero, el juez a cargo del juzgado federal N§ 7 solicitó a la fiscalía N§ 9, que subroga Ramiro González por la licencia de Guillermo Marijuán, que defina si existen elementos necesarios para abrir la investigación.
Ayer, la Cámara Federal que preside Martín Irurzun ratificó a Casanello y unificó la pesquisa del fuero federal, que contiene al menos cuatro denuncias, tras la difusión de la cámara oculta a Leonardo Fariña. Los diputados Elisa Carrió y Manuel Garrido y los abogados Alejandro Kalbermatten y Ricardo Monner Sans se presentaron como denunciantes por separado, pero los cuatro coinciden en sospechar que Báez cometió maniobras de blanqueo de capitales ilegales.
Por ese motivo, se “acumularon” las presentaciones en la de Carrió, la primera, que tiene el número de expediente 3.017/2013, caratulada “Lázaro Báez y otros s/encubrimiento (art.277) y asociación ilícita”. Esto no significa que el magistrado no pueda investigar otros delitos más allá de los denunciados por la diputada de la Coalición Cívica.
Fuentes judiciales revelaron que antes de saber si continuaría al frente de la investigación, Casanello exigió a la Cámara Federal que defina quién quedaría a cargo a la vez que giró el expediente a la fiscalía de González para que se expida sobre si hubo o no comisión de delito. Para abrir una instrucción federal es necesario que el fiscal confirme la sospecha de los denunciantes.
Se espera en ámbitos judiciales que una vez abierta la etapa de instrucción, Casanello podría ordenar de inmediato allanamientos a empresas y viviendas de los involucrados, el secuestro de los registros originales y completos de las cámaras ocultas a Canal 13 y algunas testimoniales o indagatorias. Además, pediría exhorto al exterior para verificar si existen cuentas bancarias a nombre de los sospechados.
Además, por otra vía, en la Procelac circula la quinta denuncia que fue presentada por otros diputados de la oposición tales como Federico Pinedo y Patricia Bullrich y que este jueves fue ampliada.
En ese escrito, reclamaron el congelamiento de los bienes de Lázaro Báez.
La oposición apunta a Lázaro Báez
Ante la ausencia de fiscales que actúen de oficio y de las artimañas de los jueces que buscaban evitar hacerse cargo de la investigación, diputados de Unión por Todos, el macrismo y el PJ disidente se presentaron ayer en la Fiscalía de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para solicitar que se inhiban los bienes y cuentas del empresario Lázaro Báez, sus hijos Antonio y Mario Báez y quien sería su sobrina, Luciana Sabrina Báez.
En este marco, la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía de Investigación fue presentada ayer por los diputados del PRO Federico Pinedo, Paula Bertol y Laura Alonso, el radical Oscar Aguad, Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza de Unión por todos, y los peronistas disidentes Carlos Brown y Eduardo Amadeo.
Los legisladores nacionales opositores solicitaron “que se requiera al juez interviniente la adopción de medidas para que se aseguren los bienes involucrados en el lavado de activos denunciado en esta causa”, es decir, el congelamiento de los bienes de Báez.
“En esta nueva presentación venimos a solicitar que se congelen los activos de la familia de Lázaro Báez y solicitaremos que se realice lo mismo en todos los países donde hay cuentas de las empresas del grupo”, explicó Pinedo en un comunicado, para luego afirmar: “Con este escrito, queremos evitar que se sigan usando las cuentas sospechadas de estar implicadas en operaciones de lavado”.
A su turno, Paula Bertol expresó: “Este grupo de diputados viene a la Justicia porque representamos a mucha gente que tiene dudas, y que cree que existe un problema más grande que un tema de la farándula”.