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La decisión política del gobernador Juan Manuel Urtubey de desadjudicar las viviendas en barrio Lomas de Medeiros, luego de estallar el escándalo por la entrega direccionada de esas casas a funcionarios del gobierno provincial y a sus familiares, ya repercutió en la Justicia.
Hasta ayer se presentaron al menos cinco recursos de amparo en diferentes juzgados civiles de la capital, por personas que consideran afectados sus derechos como legítimos beneficiarios de esas entregas.
No se descarta que esta semana se puedan presentar otras medidas de este tipo en los juzgados, atento a que cualquier ciudadano puede acceder a este recurso elevando el pedido en las oficinas judiciales de cualquier fuero, sin siquiera tener representante legal y con la simple presentación del pedido fundamentado con copia al magistrado.
Los recursos de amparo presentado ayer en Ciudad Judicial buscan la aplicación de una medida cautelar que impida el acto administrativo anunciado por el Gobierno para el lunes, mediante el cual habrá otro sorteo y nuevos beneficiarios.
Es que muchos de los que fueron desadjudicados, tras conocerse el escándalo, cumplieron con todas las exigencias y requisitos para acceder a una de esas viviendas. Pese a ello, Urtubey determinó desadjudicar a todos, incluidos sus funcionarios, aunque no reparó en las personas que estaban inscriptas desde hace tiempo y que cumplían con las normativas exigidas.
Fuentes judiciales consultadas confirmaron la presentación de los amparos y admitieron que se trata de una “estrategia legal interesante” de gente que se considera damnificada y que ahora busca que se suspenda el nuevo sorteo de las viviendas previsto para el próximo lunes.
De acuerdo a la celeridad con que se tratan los recursos de amparo en nuestra provincia, es muy probable que se aplique una medida cautelar en lo inmediato, lo que podría suspender el acto del lunes en el IPV.
Las fuentes revelaron también que varios de los jueces civiles que recibieron los pedidos enviaron ayer las cédulas de notificación al Instituto de la Vivienda. Una medida cautelar podría suspender hasta una hora antes el sorteo previsto para el lunes a las 11 en la sede del organismo.
Los fundamentos de los amparos presentados buscan que la Justicia considere afectados los derechos de decenas de personas que “cayeron en la misma bolsa”, luego de descubierta la maniobra del Gobierno para entregar casas a sus funcionarios y familiares, muchos de los cuales ya tenían una o varias propiedades en la ciudad y hasta en otras provincias.
Pese al escándalo y al repudio social, el gobernador Urtubey se limitó a desadjudicar las viviendas “al barrer”, sin tener en cuenta que en algunos casos las personas cumplen con todos los requisitos, no son funcionarios del Gobierno, tienen urgencia habitacional, no poseen otras propiedades y pagaron los adelantos exigidos por el IPV. Pero existe otro tema que también sería materia de análisis por parte de la Justicia y es que, luego de estallar el escándalo, el Gobierno no solo desadjudicó al barrer, sino que para llamar al nuevo sorteo llevó la cuota inicial a $75 mil y el ingreso familiar a 15 mil, lo que podría ser considerado por los magistrados como una medida restrictiva para acceder a un derecho elemental como es la vivienda.
Del Gobierno no se fue nadie
Pese al costo político que le significó a Juan Manuel Urtubey la entrega de viviendas a funcionarios y familiares, el gobernador optó por una desadjudicación general, pero sin una sola sanción para los colaboradores vinculados al escándalo.
El caso más emblemático de todos es el de Pablo Robbio Saravia, su secretario Legal y Técnico, quien pese a tener varias propiedades, una de ellas en Pinamar, recibió una de las viviendas en Lomas de Medeiros. A la hora de las justificaciones absurdas, Urtubey aseguró que se trataba de un “pobre funcionario”, víctima de una maniobra extorsiva. Tal vez por eso no lo separó de la función y prefirió cargar con todo el costo político y sostener a Robbio Saravia al frente de una de las áreas más críticas del Estado, donde se legitiman los actos de gobierno: la Secretaría Legal y Técnica.
Ayer, tras conocerse que la crisis amenaza con extenderse al resto de la provincia, circularon fuertes versiones acerca de la renuncia de Robbio Saravia. Entre los rumores también se dijo que el funcionario ya había renunciado al cargo antes del escándalo y que luego del estallido decidió ratificar su alejamiento. Al parecer, según fuentes cercanas al Gobierno, Urtubey le rechazó la dimisión y prefirió mantenerlo en su puesto para evitar que el despido signifique un reconocimiento implícito de la maniobra fraudulenta en el IPV. Ayer volvieron los rumores, pero hasta última hora la dimisión de Robbio Saravia no fue confirmada. Los funcionarios se nombran y se remueven por decreto y hasta anoche no había nada de esto.