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Constituye un error generalizado del ámbito periodístico el atribuir a la presidente Cristina Kirchner la responsabilidad mayor por el copamiento totalitario sobre el Poder Judicial de la Nación. Si bien el régimen de la señora tiene más de tiranía demagógica que de república, en su avance despótico no puede, sin embargo, avasallar algunas formas elementales del Estado de Derecho. Para hacer realidad sus manejos debe, irremediablemente, convertirlas en ley con el concurso de los legisladores nacionales. Son, fundamentalmente, los representantes del pueblo y de las provincias los verdaderos responsables de la sanción de la ley de “democratización de la Justicia”. A ninguno de estos Cristina le pone una pistola en la cabeza para que aprueben, entre gallos y medianoche, semejante mamarracho fascista.
Es que modificar sustancialmente las reglas para elegir o expulsar jueces amerita un amplio, largo, acabado y profesional debate con todos los estamentos competentes e incumbidos de la sociedad; y, ni uno solo de los cientos de los “levantamanos K” del Congreso exigió la irreemplazable y valiosa opinión de las universidades, de los colegios de abogados, de las asociaciones de magistrados, de los juristas de renombre, de los partidos políticos, de los gobiernos provinciales. Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación mereció ser consultada. Aparentemente, nada nuevo o bueno podrían aportar aquéllos o algunos otros a la “genialidad” y al “patriotismo” de Cristina. Pareciera que para los “levantamanos K” la palabra de Cristina es algo así como la ley en estado puro a la que solo resta darle forma legal. En el fascismo, donde el Legislativo y el Judicial son una extensión del Ejecutivo, el poder así funciona. Ahora bien, en el sistema republicano dicha sumisión constituye un absurdo desde donde se lo mire. Ello, principalmente, porque estos “levantamanos” son representantes de los ciudadanos que los votaron y no del Poder Ejecutivo.
Hacer las veces de escribanos de los gobernantes de turno en lugar de controlar al Poder Ejecutivo es ya un acto de traición a los mandantes. Más aún, consentir en una democracia el aniquilamiento de la independencia y soberanía del Poder Judicial debiera ser, para los legisladores, el traspasar un Rubicón con secuelas penales. Párrafo aparte merecen los gobernadores kirchneristas de las Provincias Unidas del Río de la Plata (indiscutiblemente, los revolucionarios que hicieron de la sumisión un cultivado y exquisito arte) quienes, ante la violación flagrante de la Constitución, no se sabe si están de acuerdo, en desacuerdo o admiten ambas posiciones. No hace falta estudiar mucho para advertir que tanto al gobernador de la Provincia como los legisladores que votan a favor de la reforma judicial K, la independencia de la Justicia, como la libertad, la propiedad y el bienestar de sus comprovincianos les importa un pito. No van a arriesgar ni un céntimo del calorcito del poder kirchnerista tras cuestiones como el derecho “humano” a una Justicia independiente. Ya vendrán tiempos en los que execrar a Cristina y Néstor será tenido por revolucionario y les escucharemos endechas emocionadas en defensa de jueces independientes. Ah, ahí verán de verdad lo que es ser antikirchnerista de la primera hora (de hoy).
Es un error conceptual concebir que la fortaleza de los populismos totalitarios reside, fundamentalmente, en la cabeza de estos. Por lo contrario, el secreto de su continuidad y eficacia se encuentra en que los que sostienen la pirámide totalitaria no son directamente afectados por los embates al líder. Siempre lo sobreviven, casi indemnes, bajo las polleras o pantalones del nuevo jefe. De allí que la estrategia republicana debe concentrarse en el modelo populista totalitario en bloque, más que en su líder de turno. En el caso, por ejemplo, de esta ley kirchnerista para someter a la Justicia al Poder Ejecutivo se debería hablar menos de Cristina que de los “levantamanos” (verdaderos soportes del modelo). A quienes, exponiéndolos como lo que son (secuestradores de la democracia) debiéramos desenmascarar, denunciar y pedir explicaciones por su indigna conducta golpista.