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De banquillo en banquillo. El calvario judicial de la exministra de Economía kirchnerista Felisa Miceli no se terminó en diciembre, cuando fue condenada a cuatro años de cárcel por el hallazgo de 100 mil pesos y 30 mil dólares en el armario de su baño privado del Palacio de Hacienda, en 2007, lo que precipitó su renuncia. Ahora, la exfuncionaria tuvo que declarar ayer como imputada en la causa por desvío de fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, donde sigue trabajando.
Acompañada del defensor oficial Gustavo Kollman, la exfuncionaria ingresó a las 11.20 a la secretaría del juez federal Norberto Oyarbide, que la convocó a declaración indagatoria, en la misma causa en la que ya están procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, más otros 42 imputados.
Luego de su salida del Palacio de Hacienda, Miceli pasó a trabajar en la Fundación de las Madres, que para entonces ya recibía millones de pesos del tesoro por parte del Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal, destinados a la construcción de viviendas sociales en la “Misión Sueños Compartidos”.
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, declaró como testigo en esta causa y responsabilizó a los hermanos Schoklender.
El juez sostiene que los Schoklender manejaban fondos por 1.126 millones de pesos en la Fundación y que se detectaron “muchas irregularidades” en la administración de ese dinero, según los informes del Banco Central, la Auditoría General de la Nación y la Policía Federal.
La Policía Federal “advirtió para mayo de 2012 un déficit en la Fundación de 183 millones de pesos”, y el Banco Central “encontró en los balances de los estudios contables irregularidades que superan los 25 millones de pesos”, mientras que la Auditoria General hizo hincapié en la “responsabilidad de determinados funcionarios públicos por contrataciones en forma directa cuando esto está en oposición rigurosa a la ley de licitaciones públicas”, remarcó el juez.