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La promesa de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de que la minera Vale llegará a un “acuerdo” con la Argentina, por su decisión de dar marcha atrás con su megainversión, podría representar la primera noticia económica positiva de un año que se avecina como el más complicado desde que Cristina Fernández asumió en 2007.
Es que la inversión de Vale en Mendoza era la más importante, y una de las únicas relevantes, que el Gobierno esperaba para este 2013 de sequía de capitales.
Vale planteó que ya no le convenía invertir 6.000 millones de dólares a un tipo de cambio retrasado de 5,20 pesos, cuando los costos internos crecen al ritmo de la inflación real.
Otras compañías de gran porte están haciendo planteos similares, y por eso la parálisis se nota en varios sectores, y ya no solo en la construcción.
Pero en buena medida las inversiones no llegan porque el mundo está en crisis, y además prioriza otras latitudes, en especial por la prohibición que el cristinismo impone a empresas de girar utilidades a sus casas matrices.
Habrá que ver si la promesa de Rousseff se cumple, y en qué plazo, porque la Argentina está más urgida que nunca en materia de inversiones.
El gigante minero decidió retirarse del país no por un capricho: los costos casi se le triplicaron en pocos meses y ante esa realidad hasta el mejor de los planes derrapa.
El costo empresario es una de las cuestiones que desvelan al sector privado en estos días de turbulencias económicas que parecen ir para largo.
En el mundillo económico el tema tiene ya acuñada una frase para describir lo que ocurre con el gobierno: hablan de “mala praxis” por parte de los equipos que deberían estar manejando la economía.
La frase “me quiero ir” balbuceada por el ministro Hernán Lorenzino, porque le habían preguntado por la inflación, tal vez refleje la desorientación que por estas horas domina a quienes deben decidir sobre la economía.
Lorenzino no maneja casi resorte alguno de la política económica, y por eso buscó evitar hablar ante la periodista griega de un tema en el cual tiene cero injerencia: la lucha contra la inflación.
Ese es terreno casi exclusivo del secretario Guillermo Moreno, aunque el funcionario casi no tiene limitaciones para inmiscuirse en cuanto tema desee -hasta ahora con más derrotas que triunfos-, a pesar de lo cual sigue manteniendo la plena confianza de la presidenta Cristina Fernández, quien adora su estilo.
La política cambiaria también abre un interrogante sobre hasta dónde la jefa del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, maneja lo que ocurre en el mercado de divisas.
El Banco Central decidió no venderle más dólares a precio oficial a quienes querían ahorrar en divisas, y en las últimas semanas sumó sanciones a casas de cambio con presiones de la AFIP, que potenciaron un escenario de dólar paralelo rumbo a los 10 pesos.
En ese cuadro, Marcó del Pont hace malabarismos para disimular que la sangría de divisas continúa a pasos agigantados: ya está quedando por debajo de los 39.700 millones de dólares.
En 2010 las reservas del Central representaban 16% del Producto Bruto Interno, mientras que hoy llegan a apenas el 8%.
En el año las reservas del Central cayeron en 3.500 millones de dólares mientras que para esta altura en el 2012 se habían perdido 1.500 millones.
El objetivo de la política cambiaria de la Casa Rosada parece apuntar a hacer desaparecer el dólar, literalmente, porque quien lo tiene no lo vende, en un fenómeno similar al que ocurre desde hace años en Venezuela. Sería así una pesificación de facto, por la cual quienes apostaron a la divisa norteamericana hace un año obtuvieron ganancias que superan el 80 por ciento. Mientras tanto, quienes hicieron caso a la sugerencia de la Presidenta de que “el que apostaba al dólar” perdería, se quedaron, otra vez, sin escalera y con el pincel en la mano.