inicia sesión o regístrate.
En el Tribunal Oral Federal, donde se sustancia el juicio contra el ex jefe de la División de Inteligencia Criminal de la Policía de la Provincia, el subcomisario Gabriel Giménez, y su segundo, el oficial Carlos Alberto Gallardo, se tratará de dilucidar si transportaban o no cocaína el 25 de mayo de 2011, cuando fueron interceptados en la ruta provincial 8. Pero este asunto, el de la condena o absolución de ambos acusados, no es el tema que ocupa y preocupa a quienes manejan información reservada y tienen poder de decisión en el Grand Bourg.
Les preocupa, sí, que sus declaraciones contenidas en el expediente de la Justicia Federal N§3782/12, se ventilen en el debate oral y trasciendan a la opinión pública. Es que Gabriel Giménez fue un cuadro policial importante e influyente, que mantenía una relación muy cercana con el gobernador y con el ex ministro Pablo Kosiner.
Gallardo declaró el 10 de diciembre de 2012, en sede judicial, que tanto Urtubey como Kosiner les encargaban gestiones muy reservadas. Mencionó entre ellas la intervención de los teléfonos particulares y la agenda de la esposa del gobernador, cuando era interventora en el municipio de Payogasta.
También dijo que les ordenaban el seguimiento e intervención de los teléfonos de dirigentes opositores y oficialistas y que, en algunas oportunidades, sus servicios eran requeridos además por integrantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Aseguró que les ordenaron armar un aparato de contrainteligencia, destinado a monitorear a distintos jefes de la Policía provincial y que, en esta tarea, sorprendieron al ex titular de Drogas Peligrosas, Simón Pistán, en actividades criminales junto a una persona apodada “Nair”, referente del llamado mercado campesino de Tarija, quien se habría quedado con parte de los secuestros de drogas en los procedimientos donde Pistán participaba.
Son más conocidas las imputaciones que hizo contra el comisario Marcelo Lami, en aquel entonces a cargo del Departamento de Inteligencia Policial, el llamado G2, que, según Gallardo, competía con ellos organizando su departamento en tres secciones: “El servicio de calle”, al que pertenecen policías de civil que se infiltran en manifestaciones y practican seguimientos a dirigentes sociales o periodistas; la de “Manejo y explotación de prensa”, encargada de grabar programas de radio y televisión, y la denominada sección de “Análisis”, a cargo de elaborar diagnósticos sobre la base de toda la información acopiada. De manera que ambos equipos policiales, la Dirección de Inteligencia Criminal y el Departamento de Inteligencia o G2, habrían actuado en abierta violación a la Ley Nacional de Inteligencia N§ 25.520.
En su declaración de diciembre del año pasado, Gallardo denunció también al secretario Penal del Juzgado Federal N§1. Sostuvo que Santiago French, luego de amenazarlo por negarse a declarar, le habría manifestado que “Giménez y vos la cagaron al meterse con la guita de "Los Angelitos'”. Con ese apodo eran conocidos los dueños de una cueva del microcentro que Giménez y Gallardo allanaron en su momento. Pero deslindaron su responsabilidad: “Fue el exsecretario de Seguridad (Aldo Saravia) -insisten- el que se llevó de ahí más de un millón de pesos”.
Las numerosas “notitia criminis” que se desprenden del voluminoso expediente N§3782/12, de las que hemos consignado solo algunas, no han llegado aún al despacho del Procurador López Viñals y su sagaz equipo de fiscales. Sirva entonces la presente nota de atento y desinteresado recordatorio.