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La política argentina, justo en momentos de definiciones trascendentales, tuvo esta semana dos cimbronazos de impredecibles consecuencias para lo que viene. Uno ocurrió en la Justicia, con el freno a la reforma judicial, y otro en las vías, con la tragedia de Castelar: son dos hechos que parecen aislados, pero que reflejan con claridad varios puntos flacos del oficialismo a solo dos semanas del cierre de listas.
El impacto electoral que ambos sucesos vayan a tener recién podrá percibirse en algunas semanas, aunque varios encuestadores creen que “no será determinante” como para modificar de plano los resultados. Pese a eso, queda claro que las dos situaciones retumbaron como una feroz campanada en los oídos de los más altos funcionarios del Gobierno.
Si bien la reforma judicial aún no está enterrada, porque ahora está en manos de la Corte, todo indica que el máximo tribunal confirmaría el fallo de Servini de Cubría, derrumbando así definitivamente todo el proceso de “democratización de la Justicia”. Ese paquete de leyes se convirtió en el objetivo principal del Gobierno para este año y también era uno de los pilares básicos de la actividad proselitista oficial para las primarias de agosto. Todo eso quedó pendiendo de un hilo.
No solo no habrá elección de consejeros, lo que le impedirá al Gobierno controlar el Consejo de la Magistratura, sino que el freno judicial dejó nuevamente al descubierto que la Casa Rosada no controla todo en la Argentina, aunque lo parezca.
La inminente decisión de la Corte será, casi con seguridad, el preludio para la ofensiva final del Gobierno contra los jueces supremos. ¿El argumento? El de siempre: la corporación judicial frena los intereses del pueblo.
La previsible suspensión de la elección de consejeros volvió a darse en los Tribunales, el lugar en donde peor la está pasando el kirchnerismo en los últimos años. Allí está frenada otra de las leyes más importantes de los últimos años, como es la de medios. Hasta ahora la Justicia le puso al Gobierno todos los límites que la inoperante oposición no pudo hacer. De última, para el kirchnerismo tampoco es el peor escenario: los votantes que no comulgan con sus ideas no tendrán a la Justicia como candidata en las urnas, sino a los dirigentes que nada ofrecieron para frenar las avanzadas oficialistas en distintos ámbitos.
Esos dirigentes son los mismos que no supieron cerrar acuerdos clave en varios distritos para aumentar sus chances electorales. Mauricio Macri no cerró con De Narváez, el FAP se partió en dos y el peronismo disidente no logró congregar en ese espacio a todos sus cuadros. Otra vez primó lo personal por sobre lo grupal. Todo indica que la oposición va otra vez camino al aislamiento.
La tragedia
El otro cimbronazo, aún peor, colocó otra vez en el centro del debate las enormes falencias del sistema ferroviario argentino. Igual, hay que reconocer que la Casa Rosada tuvo rapidez de reflejos tras el accidente y no se mostró frívola ante los ojos de una conmovida opinión pública. Eso había ocurrido tanto en la tragedia de Cromañón como en la de Once, donde el Gobierno tardó en darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido y hasta lo minimizó.
Solo un necio podría echarle la culpa de lo ocurrido en Castelar al ministro Florencio Randazzo, ya que él desde que asumió mostró mucho más en materia de Transporte que sus antecesores en años. La oposición, que confirmó su fragmentación en el cierre de las alianzas, apuntó contra el ministro a sabiendas que se lo mencionaba como candidato. Los detractores kirchneristas que protagonizaron esa ofensiva, junto con algunos oficialistas como Luis D'Elía, no terminan de entender que con la muerte no se hace política y que el electorado se encarga siempre de remarcarlo.
El problema del sistema ferroviario es estructural y no se resolverá en el corto plazo, por lo que fue un grave error hablar de una “revolución” en los trenes.
Luego de la fatídica tragedia de Once, donde murieron más de 50 personas, lo más lógico hubiese sido que el Gobierno mantuviera la humildad, mostrara lo que está haciendo y advirtiera que pese a los esfuerzos la posibilidad de un accidente sigue vigente. No lo hizo, y hoy está viendo de qué manera minimizar el costo político de lo sucedido.