Con su ofensiva sin cuartel contra el Poder Judicial, el kirchnerismo se metió de lleno en un pantanoso terreno a solo dos meses de las elecciones primarias, que pueden definir para siempre su futuro político. Pantanoso porque la Corte actual todavía goza de un alto prestigio entre la sociedad. Pantanoso porque el Gobierno está instalando sin rodeos que no cree en la división de poderes tal como la consagra la Constitución. Y pantanoso porque el oficialismo está exhibiendo un perfil duramente confrontativo que estaba tratando de minimizar desde la elección del papa Francisco.
inicia sesión o regístrate.
Con su ofensiva sin cuartel contra el Poder Judicial, el kirchnerismo se metió de lleno en un pantanoso terreno a solo dos meses de las elecciones primarias, que pueden definir para siempre su futuro político. Pantanoso porque la Corte actual todavía goza de un alto prestigio entre la sociedad. Pantanoso porque el Gobierno está instalando sin rodeos que no cree en la división de poderes tal como la consagra la Constitución. Y pantanoso porque el oficialismo está exhibiendo un perfil duramente confrontativo que estaba tratando de minimizar desde la elección del papa Francisco.
En realidad, lo que la Presidenta parece estar buscando es mucho más que un escarnio público para los jueces que previsiblemente frenaron parte de la reforma judicial: está intentando presionar a la Corte para que le dé el visto bueno a la postergada ley de medios, su iniciativa legislativa más anhelada de la última década.
¿Por qué tanta virulencia si lo que quieren es una decisión favorable a ellos? Sencillo: el Gobierno busca instalar que el último fallo fue en realidad en contra de la Casa Rosada para exacerbar así el espíritu salomónico que siempre mostró esta Corte. En dos palabras, que haya una a favor (la ley de medios) y una en contra (la reforma judicial).
Hay que destacar, y el Gobierno lo sabe mejor que nadie, que ese fallo podría ser bien diferente que el que tomó el máximo tribunal el martes pasado, ya que la Corte había dicho meses atrás en una acordada que la ley de medios “no afectaba” la libertad de expresión en la Argentina, contrariamente a lo quería que declare el poderoso Grupo Clarín.
A excepción de lo ocurrido con el campo, donde tuvo su revés más importante, confrontar abiertamente con sectores desprestigiados de la sociedad le trajo al kirchnerismo muy buenos resultados en materia política. Ocurrió con la Corte de los noventa, con el FMI, con los militares, con el duhaldismo, con el menemismo y con la Alianza. Sin embargo, la disputa actual parece asemejarse más a lo sucedido con la Mesa de Enlace que a los demás casos, en donde el Gobierno fortaleció notablemente su imagen positiva al polarizar a la opinión pública entre ellos y los otros.
El rol de la Justicia
Cristina, que pese a no ser candidata será quien encabece la campaña oficialista, está instalando que en realidad los que gobiernan son los jueces y no los dirigentes elegidos por el voto popular. La afirmación, más allá de lo que muchos piensen, tiene serios vicios de realidad. Los que proponen leyes, medidas económicas y transformaciones sociales fueron, son y serán siempre los dirigentes políticos. Lo que hacen los jueces es básicamente cumplir la función para la que fueron seleccionados: validar o no la constitucionalidad de cada acto de los otros poderes.
En caso de que la Justicia no pueda modificar una decisión presuntamente inconstitucional que toma el Congreso como plantea el kirchnerismo, ¿para que existiría? La respuesta se cae de madura: para nada. La voluntad popular siempre estará por encima de cualquier otro poder y está perfecto que así sea. Así lo establece la Constitución y no existe ningún sector de la sociedad ni siquiera la disgregada y ultracrítica oposición- que quiera modificar ese precepto. Pero la división de poderes fue creada justamente para evitar los excesos de las mayorías que rara vez tienen un control efectivo por parte de las siempre débiles minorías. En la Argentina sobran ejemplos en donde las mayorías pasaron por encima derechos de las minorías, no es algo estrictamente de este Gobierno.
El durísimo discurso de Cristina en el Día de la Bandera dejó más que claro que el kirchnerismo quiere un nuevo régimen político en la Argentina, donde el Poder Ejecutivo tenga clara preeminencia sobre la Justicia. La reforma judicial, aprobada por escasísimo margen y gracias entre otras cosas al extraño voto de la salteña Cristina Fiore, implicaba justamente eso: el desbalance entre el gobierno de turno, sea del color político que sea, en detrimento de la Justicia. Ese debate se está dando en muchos países de la región y es muy sano que se genere, pero para aplicarlo no hay otra alternativa que modificar la Constitución actual, la gran apuesta oficialista para después de las elecciones.
¿Conseguirá en octubre el kirchnerismo la cantidad de votos necesarios para cambiar la Carta Magna? Todo indica que no, ya que requiere de dos tercios del Parlamento, un número impensado si no repite una elección como la de 2011, cuando sacó un contundente 54% de los votos. Esa ambición recibió ayer un duro golpe con la confirmación de que Sergio Massa el dirigente con mejor imagen en el distrito- enfrentará a los candidatos kirchneristas en las elecciones. Una derrota en la provincia más poblada dejaría al kirchnerismo totalmente afuera de la disputa por una eventual reforma constitucional.
La Argentina transita por momentos cruciales de su historia moderna, signada por un gobierno que recuperó el poder presidencial, que levantó los números de la economía y que echó por tierra con el neoliberalismo en el país. ¿Se está viviendo el fin de un ciclo como muchos creen? Confirmarlo sería un apresuramiento absurdo, pero descartarlo totalmente de plano también.