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El presidente de Nitratos Austin, Juan Ignacio Rigou, es hermano de la suegra de José Urtubey. El vínculo de parentesco que se conoció ayer explicaría por qué el Gobierno, que en junio de 2008 se jactó de echar a la minera Alexander Gold de Metán, hoy defiende a capa y espada la instalación de otra planta que poblaciones de ese departamento y de Anta piden detener.
El lazo que une al hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey con Rigou también ayudaría a comprender por qué la Provincia aparece asociada a empresarios a los que les aseguró la provisión de hasta 250 mil metros cúbicos diarios de gas salteño, a valor subsidiado, durante diez años prorrogables por tiempo indefinido.
La vinculación familiar explicaría, asimismo, por qué se pusieron cláusulas de confidencialidad en ese contrato que la empresa pública Recursos Mineros y Energéticos de Salta (Remsa) selló con Rigou en agosto de 2010, poco tiempo después de que Austin Powder Servicios Mineros SA cambiara su razón social, por Nitratos Austin SA, y el tío político de José Urtubey asumiera al frente de la nueva firma.
El cuestionable contrato, denunciado por la Comisión de Ambiente del Colegio de Abogados en un informe que desapareció extrañamente del sitio oficial de la institución, le aseguró a la planta que se construye en El Galpón, cerca del dique El Tunal, materia prima suficiente para producir amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio con exorbitantes márgenes de ganancias. Esa materia prima es el gas natural que en los pozos salteños cotiza a 2,5 dólares el millón de BTU (unidad equivalente a 27 metros cúbicos) y que el bolsillo de los argentinos paga a 12 dólares por las crecientes importaciones desde Bolivia y a 18 dólares por las compras de gas natural licuado (GNL) que llegan al país en buques.
Austin carece de “licencia social” entre los vecinos de Metán y Anta que reclaman desde hace meses que se respeten sus derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano, a acceder a la información ambiental, y a ser consultados en forma previa a la realización de cualquier obra o actividad que pueda ocasionar daños como los que se temen en la zona.
En febrero de 2012, cuando se conformó la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) con Salta y otras provincias cordilleranas, el gobernador Urtubey afirmó que “el cuidado ambiental no es negociable” y que no se autorizaría ninguna empresa que no garantice “sustentabilidad ambiental” ni cuente con “licencia social”.
Pocos meses después, en una conferencia de la Unión Industrial Argentina, su hermano José remarcó que el desarrollo industrial “debe ser sustentable” y enmarcarse “en la responsabilidad, el compromiso, la gestión y la transparencia” para lograr la “licencia social necesaria para operar en esa línea”.
En tal sentido, el ingeniero industrial Fernando de San Román, de Metán, recordó que las constituciones nacional y provincial obligan a los gobiernos a proteger la vida del ciudadano y no, como ocurre con Austin, a actuar en connivencia con empresas contaminantes. “El estudio de impacto ambiental tiene serias observaciones que no fueron atendidas por las autoridades provinciales, en las que los ciudadanos deben depositar su confianza”, acotó.
Podrían volver a cortar el tránsito
Vecinos de diferentes puntos del sur provincial autoconvocados contra la instalación de la planta de nitrato de amonio de Austin SA en El Galpón harán una asamblea hoy desde las 18 para analizar cómo seguir con la protesta.
Pobladores de la zona habían impedido el paso de vehículos de la compañía al lugar donde intenta montar el proyecto desde el 14 de mayo. El 11 de julio, el juez de Metán Sebastián Fucho ordenó liberar el paso.
Los manifestantes acataron la resolución y permitieron el tránsito pero advirtieron que, en un plazo de 10 días, harían una asamblea para analizar los pasos a seguir. La reunión se realizará esta tarde a la altura del kilómetro 653 de la ruta 16, cerca del acceso al predio de Austin SA.
“Existe la posibilidad de que vuelva el corte. Está comprobada la contaminación que habrá con la planta. La máquina que quieren usar tiene más de 50 años”, dijo ayer a El Tribuno Julio César Modesti, propietario de una finca en El Galpón.
En el pueblo corrían versiones de que la empresa instalaría equipos en los próximos días, lo que la dejaría más cerca de empezar a trabajar. Los vecinos buscan que la producción se suspenda por el daño ambiental que podría generar.
“No se sabe qué va a pasar con el agua y tememos que vuelquen líquidos contaminantes en el río Juramento”, señaló Modesti.