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Los equipos que se utilizarán en la cuestionada planta de Austin, en El Galpón, no cumplían con los requisitos del Ministerio de Economía de la Nación para poder ser ingresados al país desde Bolivia, donde la empresa de nitratos no pudo ponerlos a funcionar por una decisión del gobierno de Evo Morales.
Las máquinas, con medio siglo de antigedad, se usarán para transformar gas natural cedido por la Provincia, a precio irrisorio, en unas 100 mil toneladas anuales de nitrato de amonio. Aunque el 85% de esa producción será materia prima para explosivos, la vida útil que le queda a la vetusta planta fabricada en 1964 despertó serias dudas, incluso dentro del grupo de profesionales que trabajó en el estudio de impacto ambiental y social en 2011.
De acuerdo con las condiciones estipuladas para la importación de líneas de producción usadas, los viejos equipos que Austin ingresó a Salta desde Santa Cruz, Bolivia, deberían tener científicamente garantizados al menos otros 50 años de vida útil. De lo contrario, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería debería ordenar su inmediata “reexportación forzada”, porque así lo dispone el régimen aprobado a través de la resolución 511/00 de Economía.
La citada norma, que rige en Argentina desde el 29 de junio de 2000, establece que “los bienes usados importados deberán tener una antigedad igual o inferior al 50% de su vida útil”.
La planta que Nitratos Austin quiere instalar en El Galpón, cerca del dique El Tunal, fue fabricada en 1964 y estuvo en producción en Canadá hasta 1986, cuando fue desmantelada por la firma WetsCo Fertilizers. En 1996 las desusadas líneas de producción fueron adquiridas por la firma Mc Connel Metals, que luego las revendió a Austin Powder. Esta compañía mantuvo los equipos confinados en Calgari (Canadá) hasta comienzos de esta década, cuando los llevó a Bolivia para reinstalarlos en la localidad cruceña de Warnes. Tras la nacionalización de los hidrocarburos, en 2005, el gobierno de Evo Morales desactivó el acuerdo de provisión de gas que Austin había sellado con petroleras privadas. Hoy, tras los capitales chilenos que asoman en Nitratos Austin, la subsidiaria que preside Juan Ignacio Rigou, tío político de José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, empieza a aparecer uno de los trasfondos que desencadenaron el rechazo en Bolivia.
¿Cien años de vida útil?
Para poder ingresar los equipos usados al país, con todos los beneficios promocionales dispuestos en la resolución 511/00, Austin debía acreditar que a la vieja planta, que carga con 50 años desde su fabricación, aún le quedan otros 50 años de vida útil.
La firma debía realizar esa y otras acreditaciones de rigor con la intervención de un organismo de certificación habilitado en el país. Y eligió para ello al Grupo de Ingeniería Estructural que dirige el ingeniero Héctor Sanzi en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
La intervención del mencionado profesional merece más que un llamado de atención, porque dio por cierto, como una verdad revelada, todo lo que le informó Pat Percy. Se trata del ingeniero que dirigió el proyecto de Petroquímica Boliviana SA, frustrado por Evo Morales, y ahora resucitado en El Galpón como Nitratos Austin SA, con parientes del poder político de Salta. En su dictamen, con el que avaló el ingreso de los equipos al país, Sanzi dio por verificada una vida útil total de cien años para la planta de Austin. “El ingeniero Percy me ha manifestado que, una vez realizados los reacondicionamientos (...) la vida útil remanente de los mismos será del orden de los 50 años”. Al respecto, uno de los profesionales que trabajó en el estudio de impacto, remarcó en su momento que “el informe del ingeniero Percy sobre el estado de la planta es patético, es periodístico, es político, pero para nada técnico”. Y esa es apenas una de muchas objeciones lapidarias.
De nitrato explosivo “no se habla”
Desde un comienzo, los profesionales que elaboraron el estudio de impacto ambiental de la planta de nitratos de amonio que se instalará en El Galpón recibieron directivas precisas. Una de ellas fue evitar en el informe hablar de “nitrato de amonio grado explosivo”. La empresa les pidió emplear la denominación “nitrato de grado técnico o de baja densidad”.
Sin embargo, el 85% de la producción que salga del predio de Austin tendrá como destino la fabricación de materiales detonantes. Un mínima porción quedará como “nitrato de amonio grado fertilizante”.
Las instrucciones que recibió el equipo quedaron reveladas en documentación que fuentes técnicas relacionadas con la empresa entregaron a los Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano de Metán (Vapumas). Las constancias, según se adelantó, serán entregadas a la Justicia en estos días.
En 2011, entre los abogados, ingenieros y demás profesionales contratados por Austin para elaborar el estudio ambiental, surgieron dudas y desavenencias. Las críticas aludieron a la importación de maquinas viejas, la falta de pruebas técnicas para equipos que trabajarán con altas presiones, el mantenimiento, la emisión de gases, planes de seguridad. Se advirtieron incluso riesgos de explosiones.
El informe estuvo coordinado por la ingeniera en recursos naturales María Laura Ríos. El documento fue entregado al Gobierno provincial el 15 de abril de 2011. Pocos días antes, Ríos había sido designada como responsable del Programa de Fiscalización Ambiental. “La convirtieron en juez y parte”, denunció Vapumas.
En la actualidad, la funcionaria encabeza la Dirección General de Industria. Ese organismo, bajo la conducción de Gerardo Márquez, firmó el certificado de aptitud que avaló la instalación de Austin, en marzo de 2013.
Desde el equipo, algunas voces advirtieron sobre la ausencia de constancias sobre el mantenimiento de los sistemas y su vida útil. A la par se evidenciaron vacíos legales existentes en Salta a nivel de emisiones y en el control de equipos industriales sometidos a altas presiones. Los especialistas señalaron que en Buenos Aires, por caso, se exigen controles mucho más complejos que una prueba hidráulica.
El mismo proyecto se frustró en Bolivia
Nitratos Austin ya había tratado de instalar en Bolivia la planta que ahora pretende montar en El Galpón. Pero a la empresa el gobierno del vecino país no le habilitó el suministro del gas. Entonces, optó por mudar el proyecto a Salta, donde el Estado, increíblemente, le garantizó un valor subsidiado que le hará ahorrar unos 1.700 millones de pesos en 10 años.
Austin quiere producir en la provincia materia prima para fabricar explosivos y fertilizantes. El emprendimiento genera resistencia de vecinos y ambientalistas que cuestionan el impacto que tendrá la actividad.
La compañía no consiguió en 2008 que el Gobierno de Evo Morales le permitiera pagar 5,50 dólares el millón de BTU (unidad de comercialización equivalente a 27 metros cúbicos) por el gas que necesitaba para su planta. El precio que pretendía abonar Austin es el que se aplicaba en ese momento para el mercado interno industrial en el vecino país.
En Salta, en cambio, la empresa logró un contrato por el que la estatal Recursos Energéticos y Mineros Salta (REMSA) le garantizó el gas a solo 2,60 dólares el millón de BTU durante 10 años.
El valor subsidiado implica que la firma se ahorrará unos 1.700 millones de pesos en una década. Este monto podría servirle a Salta para hacer unas 560 escuelas, unos 1.700 puestos de salud o unas 10.000 viviendas sociales.
Por convenio, el costo que le ofrece la empresa provincial a los responsables del emprendimiento solo se podrá actualizar hasta un 8% cada año. El valor es cuatro veces más bajo que el que paga Argentina a Bolivia y tres veces inferior a los 7,50 dólares que se fijaron para el gas de nuevos pozos argentinos.
La decisión de Bolivia de no facilitar la instalación de la planta se relacionaría no sólo con decisiones de política exterior, sino también con posibles daños aparejados a este tipo de producción con máquinas de 50 años de antigüedad y dudosa vida útil.
El estudio de impacto ambiental que elaboró la empresa en Bolivia, no obstante, se utilizó como base para redactar el que se presentó en Salta en abril de 2011.
En Bolivia el proyecto surgió bajo la denominación de Petroquímica Boliviana SA. La planta se instaló en Rincón Santa Rosita, en la localidad de Warnes, departamento de Santa Cruz. Sin embargo, nunca llegó a operar.