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Las puertas del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas estuvieron ayer cerradas con una gran cadena. Nadie podía entrar ni salir del lugar.
Por lo menos unos 12 aborígenes de las etnias Wichi y Guaraní clausuraron el acceso al edificio de calle Brown para pedir la presencia del titular del Ippis, Enrique Arello. Los manifestantes le reclamaban una respuesta sobre una vieja promesa de campaña. Los originarios llegaron el miércoles desde la localidad de Embarcación para exigir respuesta sobre la falta de viviendas en las comunidades. “Nosotros vinimos a ver qué sucede con las viviendas que nos prometieron y que hasta ahora no cumplieron” dijo el delegado Daniel Gallardo. “Arello -cuando estaba de campaña- andaba casa por casa prometiendo una vivienda digna y ahora que ganó la presidencia ni nos recibe. Manda a sus más bajos funcionarios a que no atiendan y eso no nos sirve para nada. Queremos hablar directamente con Arello y no nos iremos hasta que venga”, dijo Carmen Sánchez, otra de las delegadas. Lo cierto es que este grupo representa a unas 430 familias que viven en la periferia de Embarcación.
Se trata de 200 familias wichi y unas 230 guanaraníes repartidas en las pequeños barrio o misiones que se llaman San Juan, Mataderos, Tráfico, La Primavera, Eva Perón, Cristo Abajo y Misión Franciscana.
El grupo de delegados llegó desde el norte sin recursos. En la noche del miércoles durmieron en el piso. Ahora esperan que Arello los atienda y que además resuelva el pago del transporte de regreso a sus comunidades.
Si bien los manifestantes negaron haber tomado las instalaciones, los responsables de la atención al público resolvieron realizar los trámites por una ventana que da a la calle.
Golpearon a dos aborígenes acusados de robo
La historia es la de siempre. El dueño de una finca acusó a dos aborígenes de robar madera por lo cual los efectivos los detuvieron y golpearon.
En diálogo con el periodista Marcos Díaz Muñoz, el dirigente wichi Ramón Lanuza, le dijo que por esa razón un centenar de aborígenes pertenecientes a la misión El Mistol se instalaron en el acceso de la finca la Esperanza, de propiedad de la familia Tomas. La finca tiene una consigna policial y según la denuncia, un suboficial de la fuerza fue agredido por los manifestantes. “Acá no hay nada, no tenemos gas -teniendo una de las mayores cuencas gasíferas del país- estamos abandonados. Vamos al monte para buscar madera muerta, y comida y esta alambrado. Para ello entramos a las fincas sojeras donde nos corren y ahora detienen. Vamos a recolectar madera muerta, que esta tirada en kilómetros de desmonte que realizan los dueños de estas tierras y que luego queman”, agregó Ramón Lanuza a la agencia de noticias Copenoa.
Los wichi también denunciaron que la policía de Salta, trabaja para los sojeros, deteniendo y golpeando a integrantes de comunidades originarias que viven en la zona.